El gobierno de Chiclana abaratará la regularización de viviendas ilegales

El nuevo equipo de gobierno del Ayuntamiento de Chiclana (Cádiz, 72.364 habitantes), formado por PP, IU, PA y PSA, continuará con el proceso de regularización de viviendas ilegales iniciada en el anterior mandato socialista. El concejal de Urbanismo, José Pedro Butrón, de IU, anunció ayer que tratará de abaratar los costes para los propietarios, a través de ayudas municipales y de otras administraciones, y también que gestionará esta legalización a través de iniciativas públicas y no privadas, como impulsó el PSOE.

El Consistorio se propone evitar la aparición de nuevas construcciones irregulares con un mayor seguimiento y vigilancia, aunque reconoció la dificultad de actuar contra la proliferación de casas sin licencia. "Me ha tocado lidiar un miura", admitió.

Butrón calcula que en Chiclana existen más de 25.000 viviendas ilegales. "Son 25.000 problemas sociales. Son infraviviendas de puertas afuera porque carecen de servicios básicos", explicó. Una de sus prioridades será revisar el proceso de regularización. "El PSOE ha estado en 28 años en el poder. Durante su etapa se creó este problema y no ha podido solucionarlo. Nosotros vamos a agilizarlo", se comprometió.

La semana que viene tiene previsto reunirse con Manuel Ángel González Fustegueras, responsable del consorcio al que el Ayuntamiento de Chiclana encargó poner en marcha una oficina para hacerse cargo del proceso de legalización. El nuevo concejal de Urbanismo no garantizó el mantenimiento de esta oficina. "Habrá que revisar lo que se ha hecho hasta ahora y si se ha hecho hecho bien. Aquí se cerraron muchas cosas a última hora. Nuestra idea es trabajar desde lo público antes que dejarlo en manos privadas", concretó.

Butrón se comprometió a no demorar el proceso y a abaratarlo. Según explicó, el anterior gobierno había calculado el coste de la regularización en unos 120 euros por metro cuadrado por vivienda, una estimación de lo que tendría que pagar cada propietario en concepto de instalación de servicios y urbanización de la zona. "El problema ha cogido a muchas generaciones de chiclaneros y hay que solucionarlo lo antes posible pero sin provocar la ruina en las familias", remarcó.

También anunció que se vigilarán las construcciones futuras. Aunque no quiso hablar de un punto cero a partir de su entrada en el equipo de gobierno. El edil anunció que ya ha requerido a la Gerencia de Urbanismo una recopilación de las últimas licencias de obras nuevas a raíz de las investigaciones de la Guardia Civil sobre certificados falsos para facilitar nuevas construcciones ilegales en el municipio.

Butrón basó su labor de oposición durante la anterior etapa socialista en denunciar la dejadez administrativa con este problema y diversos casos de supuesta corrupción urbanística.