El Defensor del Pueblo alerta del alto número de quejas por el urbanismo

El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, ha manifestado en el último informe de la institución -presentado al Congreso de los Diputados- su preocupación por el "alto número de quejas" que se reciben de ciudadanos de la Comunidad Valenciana contra la "proliferación exagerada de actuaciones urbanísticas". Esta oficina pide a las administraciones públicas que garanticen el control de los procesos de urbanización. Hoy cuatro grupos políticos presentan al pleno del Parlamento Europeo una propuesta de resolución donde se condenan los macroproyectos insostenibles.

El informe resalta la solicitud de reclasificar 200 millones de metros cuadrados

El Defensor del Pueblo señala la necesidad, ante este escenario, de que las administraciones públicas "adopten cuantas medidas sean precisas para garantizar un control real y efectivo de los procesos urbanizadores que se llevan a cabo en casi todos los municipios", y no únicamente en los costeros. Múgica alerta de que un año más se resalte "el alto número de quejas que se reciben de ciudadanos valencianos manifestando su oposición a la proliferación exagerada de actuaciones urbanizadoras", lo que, según el Defensor, parece "incompatible con un desarrollo sostenible". "Valgan como ejemplo de esta fiebre urbanizadora las 15.000 denuncias que se han recibido en la Comisión Europea de pequeños propietarios afectados por programas de actuación integrada", señala el informe, que resalta también "el alto número de peticiones que se han registrado en la Consejería competente en esta materia, para reclasificar casi 200 millones de metros cuadrados de suelo no urbanizable".

Múgica defiende la necesidad de que el crecimiento de las ciudades "esté precedido de una actividad planificadora racional que delimite los espacios de dicho crecimiento, equilibre las ciudades, social y territorialmente, y preserve para futuras generaciones, los bienes medioambientales, recuperando así espacios urbanos saludables y aptos para la convivencia".

Precisamente esta cuestión volverá a ser hoy objeto de debate en el Parlamento Europeo. Allí cuatro grupos parlamentarios -el PSE, ALDE, Verts/ALE y GUE/NGL- tienen previsto presentar una propuesta de resolución sobre el resultado de la visita de una delegación del Comité de Peticiones a la Comunidad Valenciana, Andalucía y Madrid para investigar varias denuncias ciudadanas llegadas a Bruselas. Es la segunda que llega a la Eurocámara con la polémica urbanística de fondo. La primera, conocida como Informe Fourtou, se aprobó a finales de 2005.

El texto condena las prácticas extendidas en estas comunidades autónomas de obligar a ceder suelo a los promotores sin una compensación económica adecuada y obligando a los afectados por una urbanización a soportar costes "arbitrarios".