La UE llevará la ley urbanística valenciana al tribunal de Luxemburgo

La Comisión Europea llevará la próxima semana el Tribunal de Justicia de la Unión la Ley Urbanística Valenciana (LUV) por considerar que viola la normativa comunitaria sobre contratación pública al estar, presuntamente, plagada de imprecisiones. La secretaria autonómica de Territorio, Cristina Serrano, replicó que la Generalitat demostrará ante Luxemburgo que la ley valenciana es válida y recordó que es la de contratación del Estado la que no cumple con la norma europea, por lo que la Comunidad Valenciana no es la única afectada.

Las respuestas autonómicas fueron "poco convincentes", según McCreevy

La medida fue anunciada ayer en el curso de un debate en el Parlamento Europeo sobre las lacras del urbanismo español, en especial el de la costa valenciana. En el curso de la discusión, el PP expuso que las políticas urbanísticas lograron el aprobado electoral en los pasados comicios mientras los socialistas alegaban que el éxito en las urnas no autoriza la violación de derechos.

La LUV tomó a finales de 2005 el relevo de la cuestionada Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU), pero el cambio no despejó todas las dudas que suscitaba la LRAU, según señaló ayer el comisario de Mercado Interior, Charlie McCreevy. "La nueva ley no corrige infracciones referidas a anuncios de licitaciones, a información requerida en esos anuncios y es confusa en la definición del objeto de los contratos", señaló McCreevy. "Voy a proponer a la Comisión que lleve este caso ante el Tribunal de Justicia". Un portavoz del comisario especificó que la denuncia ante el Tribunal de Luxemburgo será presentada el próximo miércoles.

El recurso al tribunal cierra una fase que se abrió en abril del año pasado con el lanzamiento de un procedimiento de infracción al que las autoridades valencianas dieron respuestas "poco convincentes", según McCreevy.

La insatisfacción de la Eurocámara con la conducta de los responsables valencianos ha sido una constante durante años y fue recordada ayer en un debate en el hemiciclo vacío. El laborista británico Michael Cashman evocó las vejaciones sufridas durante su última vista a la región, el pasado mes de marzo, como investigador de la Comisión de Peticiones para informarse sobre las denuncias de ciudadanos víctimas, según él, "de incompetencia administrativa o de negligencia criminal o corrupción".

Carlos Iturgaiz, en nombre del Partido Popular, señaló que "los ciudadanos han hablado y dado mayorías absolutas en Valencia y Madrid", los dos principales focos del interés del Parlamento Europeo sobre las aberraciones urbanísticas españolas. Su acusación de que las investigaciones de los europarlamentarios se inmiscuyen en competencias nacionales y autonómicas fue respondida por el socialista Carlos Carnero con el argumento de que "no hay soberanías nacionales" cuando se atenta contra el medio ambiente y los derechos de los ciudadanos. El verde David Hammerstein abundó en la idea de que "ganar elecciones no da permiso para obviar la legislación europea" y mantuvo que "el escándalo del ladrillo valenciano, andaluz y madrileño es un escándalo europeo".

El socialista valenciano Joan Calabuig insistió en la necesidad de que quienes adquieran una propiedad en la región tengan seguridad jurídica y consideró que, pasadas las elecciones, ha llegado el momento de iniciar una nueva etapa y rectificar. Entre las rectificaciones que pidió figura la de reformar la LUV.

La Eurocámara votará mañana jueves una resolución, no vinculante, que reclama reformas legislativas y procedimentales para poner coto a los desmanes urbanísticos en España y a la indefensión en que se encuentran algunos compradores. Los populares volvieron a expresar su protesta por lo que supone de "injerencia" que el Parlamento Europeo se inmiscuya en asuntos que competen en exclusiva a las autoridades españolas.

La Generalitat reaccionó poco después al anuncio con un comunicado. La secretaria autonómica de Territorio, Cristina Serrano, recibió la decisión del comisario McCreevy como una oportunidad "para defendernos de manera adecuada ante Europa". Según Serrano, la ley de contratación del Estado "es la que no cumple la normativa europea, por lo que el problema afecta a más comunidades autónomas españolas y no sólo a la valenciana". La secretaria autonómica acusó al Gobierno central de ocultar "que hay otras 13 autonomías en la misma situación" y también de haber "mutilado" el informe de alegaciones que la comunidad autónoma presentó a la Comisión Europea cuando abrió un expediente sancionador por esta norma.