Delitos y vergüenzas judiciales

Es más que probable que la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder, en la reunión que mantenga en el día de hoy, proceda a la apertura de expediente disciplinario a Adelina Entrena, titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Motril. Los hechos que lo han motivado son los de no haber acordado la libertad de un preso preventivo y mantenerle en prisión durante 437 días, pese a que la misma juez había dictado sentencia absolviéndole del delito de robo; también el retraso, en más de 30 días, en la puesta en libertad de otros dos presos. Pues bien, con hechos de esta gravedad es razonable que los expedientes se abran; también que puedan terminar con la expulsión de la carrera judicial; que la Fiscalía interponga, como ha hecho, una querella contra esta juez de mucha carrera y poco oficio, y que el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) salga al paso y diga que "estos hechos son una barbaridad". Nada que objetar. El Estado de Derecho funciona, reacciona y responde contra quien o quienes pueden haber ocasionado un daño, resarciendo al o a los perjudicados. Son signos de normalidad.

No obstante, como estas injusticias no son nada nuevo, es sorprendente que nos sorprendan. No hace mucho un juez de Málaga se ha sentado en el banquillo y hace poco más, en concreto en junio de 2002, tres magistrados de la Audiencia Nacional excarcelaron por error al que se consideraba jefe de los asesinos del 11-M. Una excarcelación tan errónea como la que supone que un juez de la Audiencia Nacional, en lugar de sumar condenas como está establecido legalmente, tome una sola, la parta en dos y a la calle el condenado. No sucedió nada. El error se detectó trascurridos más de dos años a contar de la puesta de libertad -plazo de prescripción para las faltas muy graves- se acordó el archivo y a seguir dictando sentencias que son dos días, y la vocación es la vocación.

Son casos que dejan al sistema con el culo al aire. Si en un tema de terrorismo, de la gravedad del 11-M, se dictan libertades erróneas que se detectan trascurridos más de dos años y los jueces siguen en lo suyo en otros supuestos, como el de Motril, y en los que el grado de responsabilidad y de impacto social de los hechos son de menor importancia, la ejemplaridad se intuye. Sin embargo, ejemplaridad e impunidades aparte, estas situaciones nos hacen pensar que el control no es eficaz; que los errores son más de los que conocemos y que, salvo que salten a la prensa, se diluyen dentro del propio sistema y no se solucionan. Motril es un buen ejemplo.

Sabemos que el servicio de inspección del CGPJ el pasado 23 de noviembre había propuesto que se abriera expediente a Adelina Entrena por utilizar su cargo para obtener ventajas a favor de su ex pareja, a la que previamente había denunciado. También que el libro de presos preventivos -que es donde se contabiliza el tiempo que pasan en prisión- no se llevaba, como también que al fiscal y al abogado de oficio les notificaron la sentencia absolutoria. Nadie, ni juez, ni fiscal, ni secretaría, ni abogado, ni servicio de inspección detectó ninguna irregularidad o lo que es igual no les echaron cuentas a la persona que estaba en prisión. Sinceramente, entiendo que sea necesario algo más que una cura de humildad. No es aceptable que jueces que tienen apertura de expedientes disciplinarios por faltas muy graves, como sucedía en Motril, continúen en sus cargos y no queden suspendidos en sus funciones y no sean objeto de un exquisito control por parte de los inspectores. En cualquier caso, hechos como los de este juzgado de Motril o como los de la Audiencia Nacional, siguen enseñando las vergüenzas de una Justicia que tiene que dejar de mirarse el ombligo y juzgarse a sí misma. Tal vez si la Justicia se administra en nombre del pueblo sería de razón que el jurado juzgara a quienes la defraudan y que el voluntarismo y el disfraz vocacional de muchos de quienes conforman el sistema judicial no sean amparados y sí sustituidos por un control sobre los presos que facilite que unos se den las de Villadiego y otros, en cambio, pierdan una libertad de la que no debieron ser privados. Menos, por errores, posiblemente delictivos, que una simple alarma informática hubiera evitado.