La ley de Farmacia primará el servicio "frente a la rentabilidad"

En Andalucía hay 3.540 farmacias y a medio plazo se prevén la apertura de medio millar, pero por criterios muy diferentes de los que se emplean ahora. Ya no serán los particulares los que determinen dónde abrirán nuevas oficinas farmacéuticas, sino que será la Administración sanitaria andaluza la que las planifique mediante convocatorias públicas para "garantizar el servicio frente a la rentabilidad del propietario", aseguró la consejera.

Este es uno de los propósitos del proyecto de ley de Farmacia de Andalucía que ayer aprobó el Consejo de Gobierno para su remisión al Parlamento.

Será la Consejería de Salud la que marque los sitios en los que se pueden abrir las boticas "flexibilizando los criterios generales para tener en cuenta los incrementos de población censada, flotante o estacional", dijo María Jesús Montero. Con ello se pretende ajustar la oferta a la demanda real y a los crecimientos demográficos.

La Junta determinará el número de farmacias y las adjudicará a través de un concurso público en los que se atenderá a los principios de publicidad, transparencia, concurrencia y mérito. El baremo tendrá en cuenta los méritos académicos, la formación, la experiencia y la discapacidad física.

La otra vía para hacerse con una farmacia es a través de un proceso de transmisión. Según el proyecto de ley, el farmacéutico tendrá que hacer público el precio de venta. Los nuevos adjudicatarios deberán inscribirse en un registro y accederán a la farmacia en función de la puntuación que obtengan en un baremo de méritos. De esta forma, según afirmó la consejera se "frena la espiral inflacionista" y propicia la igualdad de oportunidades.

La ley contempla la instalación de nuevas oficinas en núcleos rurales o de expansión urbana con un mínimo de 1.000 habitantes, así como en aeropuertos y centros de tráfico de viajeros y mercancías, entre otros emplazamientos.

Montero destacó como uno de los aspectos novedosos de la ley la posibilidad de que las farmacias puedan contar con un servicio de distribución a domicilio.

La consejera afirmó que durante la elaboración de la ley se "ha intentado el consenso" con el sector, aunque el Gobierno se ha reservado la última palabra.

También en el ámbito de la sanidad, el Consejo de Gobierno aprobó el decreto que regula la receta electrónica, que evita que los enfermos crónicos tengan que ir al médico para obtener recetas para continuar con sus tratamientos.

Por otro lado, el Ejecutivo envió ayer la comunicación al Parlamento para la celebración del debate de la comunidad. Pese a ser el último de la legislatura, el consejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías, aseguró que será un debate con perspectiva de futuro porque el proyecto socialista "no tiene fecha de caducidad".