Testigos y peritos respaldan las acusaciones contra López-Santacruz

El juicio al ex director del aeropuerto de Bilbao, Segismundo López-Santacruz, quien ocupó el cargo entre 1998 y 2000, por cuatro delitos (fraude, cohecho, falsificación y malversación) quedará visto para sentencia la próxima semana. Las declaraciones de testigos y peritos en los 10 días ya transcurridos de vista han servido para avalar las supuestas irregularidades en las contrataciones en el aeródromo. El ex director se enfrenta a una petición fiscal de 10 años y su esposa, acusada de fasificación y receptación, a otra de cinco.

Las comparecencias de testigos y peritos han ido desmontando las explicaciones que López-Santacruz dio en la vista y antes durante la instrucción del sumario sobre sus cuantiosos ingresos mientras dirigió el aeropuerto: el perito judicial ha descubierto 950.000 euros de origen desconocido en las cuentas familiares de los imputados.

- Los ingresos. La fiscal Carmen Adam acusó el primer día de la vista a López-Santacruz de "meter la mano" en el dinero público por embolsarse, según consta en el sumario, 351.000 euros en comisiones por la adjudicación de las obras de ampliación del aeródromo. Le acusó además de autorizar el pago de al menos 17 obras que no se ejecutaron con un perjuicio de casi 522.000 euros. A ello se unen otros 234.000 euros de pérdidas para AENA (el ente que gestiona los aeropuertos) por otras irregularidades en las adjudicaciones. López-Santacruz, quien declaró durante tres horas, intentó justificar sus cuantiosos ingresos atribuyéndolos al dinero negro por la venta de tres pisos y una propiedad rural de su esposa en Galicia. Cuando se le preguntó cuánto dinero en total recibió de esa forma, se mostró poco explícito: "No sé que parte es de Pamplona o de Negubide [dos de los pisos que vendió]".

- Las adjudicaciones. "Lo importante en ese momento no era cómo se hacían las cosas, sino que se hicieran", declaró el acusado cuando se le insistió en la existencia de partidas infladas o el pago de obras sin ejecutar. Tres directivos del aeropuerto en esa época testificaron después que López-Santacruz decidía personalmente las adjudicaciones e incluso elaboraba los proyectos. "Yo hacía lo que me decía el director"; "cuando se han saltado las normas era por indicación de López-Santacruz", fueron alguno de sus testimonios. Tanto el informe del perito judicial, en el que se basan las imputaciones, como la auditoría de AENA coinciden en que se vulneraron todos los procedimientos de contratación.

- La constructora Otaduy. Dos empresas de este grupo consiguieron el 80% de las obras entre 1998 y 2000 por 8,5 millones. Además, crearon un mes antes de la concesión una empresa que se llevó la adjudicación de tres tiendas comerciales, pese a carecer de experiencia en el sector. Sus dueños negaron el pago de comisiones y atribuyeron los contratos recibidos a su "buen hacer" y la "confianza" de AENA.

- Las viviendas. Al ex director se le acusa de haber financiado dos pisos en Getxo (con el último logró una plusvalía de casi 500.000 euros) con el alquiler que le pagaba AENA para uno de ellos, pero que estaba a nombre de su madre, quien recibía los pagos. López-Santacruz aseguró que esta operación fue sugerida por el director de Recursos Humanos de AENA, Eduardo Rivas, quien lo negó en su testimonio y anunció que tomará medidas legales.

- Documento falsificado. Hasta tres testigos han calificado como una falsificación un documento de compraventa de un piso de Pamplona con el que el acusado quiso justificar parte de sus ingresos, en el que señalaba que cobró 150.000 euros más por el inmueble de lo que inicialmente dijo.

- Su defensa. El abogado de los imputados ha visto cómo varios de los testigos que había propuesto han confirmado las anomalías en la gestión de López-Santacruz: la auditora a la que le encargó un informe declaró desconocer el contrato del piso de Pamplona en que decían haber cobrado los 150.000 euros de más y el director de aeropuertos de AENA, que le propuso para el cargo, le reprochó que no justificase las elevadas contrataciones a dedo, que supusieron el 40% de las obras. El letrado defensor ha insistido en que no existen pruebas del pago de comisiones.