El Parlamento rechaza crear un servicio de control de las ayudas sociales

El Parlamento rechazó ayer la propuesta del PP de crear un servicio de inspección de las ayudas sociales, como la renta básica o las ayudas de emergencia social. Todos los grupos votaron en contra de la iniciativa popular en la que se planteaba este nuevo servicio, dependiente del Gobierno vasco y en colaboración y coordinación con los ayuntamientos y diputaciones, para la verificación del uso y el destino correctos de las ayudas.

Arantza Quiroga, del PP, citó al alcalde de Bilbao, Iñaki Azkuna, cuando dijo que la "justicia social es solidaridad y control" de los recursos públicos, y denunció que en el País Vasco se está produciendo una "cronificación" de los perceptores de las ayudas sociales. Recordó Quiroga que en 2005 los perceptores de la renta básica en la comunidad autónoma llegaron a 31.654, un 9% más que en 2004 y un 19% más que un año antes. Por otra parte, el número de los que recibieron las ayudas de emergencia social en 2005 fueron 24.288, un 14% más que en el años anterior y un 18% más que en 2003.

Covadonga Solaguren (PNV) recordó que la gestión de la renta básica corresponde a las diputaciones forales y la de las ayudas de emergencia social a los ayuntamientos, instituciones que ya controlan el fin y uso de las ayudas. Alegó, además, que la propia Ley contra la Exclusión social de 1998 y los decretos posteriores que la desarrollaron ya prevén revisiones periódicas de las ayudas, anuales como mínimo. La socialsita Gemma Zabaleta consideró que no se debe establecer un "control extraordinario" sobre el uso de estas ayudas porque, "no existe fraude generalizado".

Nekane Alzelai, de EA, coincidió con otros grupos en que "ya se hace" inspección sobre las ayudas sociales y la renta básica, y mostró su desacuerdo con que se vincule el fraude a los "grupos sociales más débiles". Nekane Erauskin, de EHAK, se preguntó por qué no se dirigen los esfuerzos, hacia el fraude fiscal, mientras Kontxi Bilbao, de EB, sostuvo que "se está haciendo una política correcta de seguimiento".

Por otra parte, la Cámara aprobó con los votos de todos los grupos, excepto EHAK y Aralar, una iniciativa en la que instan al Gobierno vasco, a las diputaciones y a Eudel a poner en marcha programas de atención a menores durante las vacaciones escolares, para permitir a los padres conciliar trabajo y familia. La propuesta aprobada señala que las medidas deberán estar en marcha en el plazo de un año, cuando esté terminado el estudio de conciliación de la vida laboral y familiar que elabora una comisión interinstitucional.