Luz y tarifas

Puesto que las tarifas eléctricas están reguladas, cada semestre el Gobierno se enfrenta a la delicada tarea de cuadrar un círculo imposible: repercutir los costes de producción en los precios finales, cuidar que no se dispare la inflación y evitar que los consumidores sean expoliados con subidas excesivas. El Ministerio de Industria acaba de proponer una subida media para los hogares del 1,81% a partir del 1 de julio; será la segunda subida del año, porque en enero ya se encareció en el 2,86%. Una subida onerosa para el consumidor y, sin embargo, insuficiente para sufragar el aumento de los costes calculado según el envenenado mecanismo de un mercado mayorista dominado por las propias compañías eléctricas y sus empresas vinculadas. Es el mismo perverso artefacto que no cesa de producir déficit de tarifa, es decir, la deuda a favor de las empresas eléctricas que se genera por la diferencia entre los ingresos que se obtienen con la tarifa y los costes que determina ese mercado desprestigiado, pero vigente.

Parece un despropósito comparar el periodo actual de subidas de la luz con el de reducciones de tarifas que se vivió entre 1997 y 2004, en el cual se registraron rebajas anuales de hasta el 4%. Y lo es porque tales recortes reflejaban en primer lugar una gran reducción de los tipos de interés y, por tanto, del coste financiero de las empresas. Además, durante la primera legislatura del PP se publicitó una política de abaratamiento de la electricidad a sabiendas de que tal decisión implicaba retrasar los aumentos de precios generados por el distorsionado mercado eléctrico y pasar la factura del déficit de tarifa a gobiernos futuros. Esa factura diferida es la que se está pagando ahora.

Lo más sensato sería acabar con esta diferencia absurda entre la tarifa que aprueba el Gobierno y los ingresos que "merecen" las empresas fijados por el mercadillo chapucero. El Ejecutivo ha propuesto una liberalización paulatina que empezará a contar a partir de 2008. Para defender al usuario, esa liberalización debería ir acompañada de algunas condiciones inexcusables. Una de ellas, hacer la cuenta final de los Costes de Transición a la Competencia (CTC) que han pagado los consumidores para comprobar que las compañías no han ingresado más de lo debido. Otra no menos importante, separar la propiedad de la distribución y la comercialización; que quien sea propietario de la red de baja tensión no pueda suministrar electricidad. Mientras tanto, se echa de menos que el Gobierno ofrezca una explicación cabal de cómo se llega a los números mágicos del 2,86% en enero y el 1,81% en julio. Parecen porcentajes caídos del cielo.