Salvem El Cabanyal se organiza contra las expropiaciones

Salvem El Cabanyal se prepara para otra batalla en el largo contencioso contra el plan del PP de prolongar la avenida de Blasco Ibáñez por el barrio. El gobierno encabezado por la alcaldesa, Rita Barberá, inició la semana pasada la notificación de la expropiación de alrededor de 120 inmuebles para su derribo con el fin de construir el bulevar de San Pedro, previsto en el plan. La plataforma no ha tardado en reaccionar y alrededor de 300 personas se reunieron ayer en asamblea general para analizar la situación y organizar la oposición a una expropiación que afecta fundamentalmente a personas mayores.

"Es un intento más de amedrentar a los vecinos con decisiones mafiosas", denunció Faustino Villora, portavoz de Salvem El Cabanyal, tras la asamblea, que decidió crear una oficina de atención a los afectados y de resistencia a la expropiación, que intentarán parar. El Ayuntamiento ha escogido un sistema que equivale a un procedimiento de urgencia, según Villora, lo que afectará a los plazos y la capacidad de defensa de los afectados. Además, la valoración de las viviendas está muy por debajo de los precios del mercado, insiste la plataforma. Ésta calcula que el Ayuntamiento fija en algo más de 500 euros el metro cuadrado, que en el mercado libre cotiza a 2.200.

Negociación

Hay propietarios con derecho a realojo, aquellos que ya tenían piso antes de la aprobación del plan de El Cabanyal en diciembre de 1999. Sin embargo, la diferencia entre el dinero que les ofrecen y el coste de las viviendas de realojo es para muchos inasumible. El sistema de "tasación conjunta" sitúa los precios de expropiación en unos 49.800 euros para una vivienda de 90 metros cuadrados, según un ejemplo de la plataforma, mientras que el piso de realojo exigiría un desembolso de 114.000 euros. En este caso, los afectados son un matrimonio que supera los 70 años y reúne una pensión de 700 euros. Son personas "a las que no van a dar una hipoteca", subrayó la plataforma, que continuará "luchando" contra el plan, pendiente de la sentencia del Tribunal Supremo.

"Es un compromiso firme de esta legislatura abrir el bulevar San Pedro y parte de la prolongación de Blasco Ibáñez", insistió ayer el teniente de alcalde, Alfonso Grau. El responsable del equipo de gobierno del PP aprovechó para recalcar que el plan figura desde hace años en los programas electorales del PP, que mantiene su mayoría absoluta en el Ayuntamiento. Grau explicó que las expropiaciones afectan a 136 registros catastrales y que "tanto la Generalitat como el Ayuntamiento y la sociedad Cabanyal 2010 tienen el criterio de seguir negociando y llegando a acuerdos con los propietarios". El teniente de alcalde recordó las posibilidades de realojo. "Se están contemplando caso por caso todas las excepciones que pueda haber para llegar a acuerdos satisfactorios", añadió Grau. Un juzgado autorizó ayer otros tres derribos, mientras que paralizó dos más por ser edificios protegidos antes del plan. Según la plataforma, las máquinas ya han afectado a estas casas.