López-Santacruz adjudicó 'a dedo' el 40% de las obras del aeropuerto

La auditora de AENA que elaboró el informe sobre las irregularidades en la gestión de Segismundo López-Santacruz destacó ayer que el 40% de las obras acometidas en Bilbao entre 1998 y 2000 se adjudicaron a dedo, lo que tildó de "inusual". Relató los sucesivos expedientes sin proyecto y la concentración de las contrataciones en el grupo Otaduy. "He hecho cientos de auditorías en AENA y nunca me he encontrado nada similar".

Carmen Ruiz Conde declaró durante más de tres horas y media en el juicio contra el ex director del aeropuerto de Bilbao, imputado por presunto cobro de comisiones de obras contratadas, adjudicarlas sin cumplir las normas de AENA y financiar dos viviendas de su propiedad a cuenta del ente público. Su informe, al comprobar multitud de deficiencias, dio lugar a otra auditoría sobre la ejecución de las obras. Ruiz Conde relató que se eligieron 17 expedientes por un importe de 5,4 millones pero en la mayoría de ellos ni siquiera se pudo comprobar si las obras se habían acometido. "Sólo se pudieron verificar 346 millones de pesetas [poco más de dos millones de euros], dijo, y de esto "un 25% no estaba licitado".

La auditora destacó la gran cantidad de adjudicaciones realizadas a dedo, un sistema que "tiene que ser residual". Puso como ejemplo que en la nueva terminal de Barajas, la T-4, sólo se ha aplicado al 1% del total y que en el aeropuerto de Lanzarote -cuya renovación se realizó en fechas similares al de Bilbao- "fue un 6% del total". En el aeródromo bilbaíno la contratación directa sin concurrencia alcanzó el 40% de un importe total de 16,8 millones de euros (6,7 millones), adjudicados entre 1998 y 2000.

"Hay un inusual y repetitivo uso de la adjudicación directa", insistió Carmen Ruiz. Relató que López-Santacruz y sus directivos justificaban este procedimiento por las prisas en la apertura del nuevo edificio terminal. Sin embargo, la auditora explicó que este procedimiento se utilizaba en obras y servicios que no requerían urgencia. En su exposición de las irregularidades, citó un contrato para conmemorar el 50 aniversario del aeropuerto que se pagó en un 50% por adelantado - "en AENA", precisó, "siempre se pagan a 90 días"- al concesionario, que era una empresa creada un mes antes, la existencia de cuatro expedientes por valor de 1,5 millones de euros "sin ningún proyecto" o la falta de informes técnicos de evaluación de ofertas.

Refiriéndose a las concesiones de tres locales comerciales (una librería, una tienda de deportes y una parafarmacia) a la empresa Aeropress, del grupo Otaduy, la constructora que se llevó la mayoría de las obras, Carmen Ruiz aseguró que su oferta tenía que haber sido rechazado en los tres casos por su falta de experiencia en el sector.

La vivienda

Para la tienda de deportes hubo un concurso que obligaba a pagar 48.000 euros por construir el local y fijaba su ubicación en una zona poco transitada. "No se presentó nadie y se adjudicó luego a Aeropress. Luego se cambió la ubicación a un buen sitio y no tuvo que pagar por la construcción", dijo.

Sobre los alquileres de dos viviendas abonados por AENA y con cuyo importe financió su compra (el arrendador era su madre, sin que el ente público lo supiera), la auditora indicó que dicho pago tendría que haberse suspendido si se hubiera conocido la identidad de la propietaria. En su declaración, calificó de "desproporcionada" la concentración de obras en el grupo Otaduy -se llevó el 98% de las adjudicaciones hechas a dedo-, lo que causó "un gran perjuicio económico", al no existir una concurrencia y propiciar precios más altos.

El jefe de auditorías de AENA, Juan Cuesta, compareció después y confirmó que en ese trienio hubo irregularidades "en las tres fases de contrataciones": desde la preparación de los expedientes a la valoración de ofertas y la ejecución.

Laura Hernández, esposa de López-Santacruz, también imputada, protagonizó un incidente al llamar "sinvergüenza" a Cuesta antes de empezar la vista y pasearse por el exterior de la sala con su móvil en actitud de realizar fotografías. El juez le requisó el teléfono y le llamó al orden. Carmen Ruiz interpuso una denuncia en el juzgado de guardia contra Hernández por coacciones.