Múgica ampara un "trato diferenciado" para las pensiones de los cargos electos

Un informe del Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, entregado la semana pasada al Congreso ampara el tratamiento diferenciado que establece el Reglamento de pensiones y otras prestaciones económicas a favor de los ex parlamentarios que ha sido aprobado para el Congreso y el Senado y que las Cortes Valencianas han trasladado a su ámbito. El informe considera razonable un "tratamiento diferenciado" en el cómputo de las pensiones para los cargos electos frente a las de los trabajadores que "voluntariamente" trabajan por cuenta ajena.

No puede considerarse discriminatorio un "tratamiento diferenciado" entre situaciones que "no pueden ser equiparables", por una parte "los diputados y senadores", como representantes de la soberanía popular y, por otro, "los trabajadores que voluntariamente prestan sus servicios retribuidos por cuenta ajena" o "el conjunto de los funcionarios al servicio de las administraciones y organismos públicos". Tales argumentos esgrime la institución que dirige Fernando Múgica, en el informe entregado la semana pasada al Congreso, que aporta jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

El servicio jurídico de las Cortes Valencianas se ha apresurado a invocar a la alta instancia y recoge los mismos argumentos en el recurso de súplica que ha presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) contra la reciente suspensión cautelar del acuerdo sobre pensiones y otras prestaciones económicas de los diputados autonómicos que fue aprobado a finales de 2006 y modificado tres meses después. La primera versión calcaba la disposición del Congreso para los diputados nacionales y senadores. La segunda, la mejoraba ligeramente en favor de los diputados autónomicos.

La norma garantiza que los parlamentarios, cuando se jubilen, cobrarán el 80% de la paga máxima que hayan percibido con sólo siete años de mandato y el 100% en el caso de que hayan permanecido 11 años en la Cámara. Aparte de estas ventajosas condiciones para el cobro de la pensión, el acuerdo prevé el pago de indemnizaciones por cese a los diputados que abandonen las Cortes después de ocupar un escaño durante al menos dos años. Se trata de una especie de subsidio de desempleo que podría representar para la Cámara un desembolso de hasta 860.000 euros.

Coalición Valencia y Falange Española recurrieron el acuerdo de la Mesa de las Cortes ante la sala de lo contencioso administrativo del TSJCV, que la semana pasada dictó la suspensión cautelar de la norma. A tenor del texto del auto del alto tribunal, el TSJCV apunta que suspendería parte del contenido del acuerdo.

La suspensión cautelar del acuerdo de prestaciones económicas llegó apenas tres días después de las últimas elecciones autonómicas, cuando muchos diputados que dejarán el escaño habían empezado a tramitar las solicitudes para acceder a las prestaciones por dejar el Parlamento autonómico.

Según el informe del Defensor del Pueblo, "valorar, a efectos de consolidar un determinado nivel retributivo en la función pública, el destino en cargos de especial relevancia y responsabilidad no es una decisión irrazonable" y tampoco "arbitraria o carente de justificación".