El balance depende de lo que se haga ahora

El balance definitivo del intento de fin dialogado de ETA no depende tanto de lo hecho hasta ahora como de la reacción de los partidos democráticos ante su fracaso.

Tras la ruptura de la tregua de Lizarra (1998-99), algunas personas argumentaron que el balance del experimento era en todo caso positivo, dado que había hecho posible que durante más de un año no hubiera atentados. Pronto se vio, sin embargo, que había otros efectos que no podían soslayarse. El más importante, que el PNV hubiera asumido como propio lo esencial del programa soberanista de la izquierda abertzale; y, como efecto de ello, la ruptura del frente democrático contra ETA: la frontera entre demócratas y violentos establecida en el Pacto de Ajuria Enea se convirtió en barrera entre nacionalistas (violentos incluidos) y no nacionalistas, lo que mejoraba claramente la posición de ETA.

Arzalluz argumentó en su momento que ciertas concesiones políticas habían tenido por objeto convencer a la izquierda abertzale de que podía alcanzar sus objetivos sin violencia. Pero cuando se produjo la ruptura del alto el fuego, los nacionalistas no regresaron al punto anterior sino que oficializaron en un congreso (enero de 2000) la adhesión a ese neo-soberanismo construido sobre la exclusión de los no nacionalistas. La apuesta soberanista quiso prolongarse luego en el Plan Ibarretxe, y todavía sobrevive como resistencia interna a Imaz.

En su libro de 2005, Otegi considera como baremo del éxito de la izquierda abertzale que lo que ETA había reclamado en solitario en 1977 y luego en las negociaciones de Argel hubiera acabado siendo incorporado al programa del PNV. Y la banda alardeó en sus boletines de haber conseguido esa modificación mediante la presión armada y el acoso callejero. En textos de ETA de los años ochenta se atribuía a los periodos de tregua-negociación la función de fijar como logros irreversibles las concesiones arrancadas gracias a los periodos de ofensiva (terrorista).

Comienzan a conocerse datos de las circunstancias en que se produjo la ruptura del proceso intentado por Zapatero. En noviembre, Otegi presentó a sus interlocutores de PNV y PSE una propuesta según la cual el posible órgano de cooperación entre Navarra y Euskadi del que habían hablado debería convertirse en dos años en una autonomía vasco-navarra de nuevo cuño; en 2010 se celebraría un referéndum de ratificación de ese marco, con el compromiso de que los socialistas navarros propugnarían el sí, al que seguiría, un año después, unas elecciones en el conjunto de Euskal Herria: la misma propuesta que en la tregua de 1999 rechazó Egibar por "estrambótica", y que provocó su ruptura.

Contra lo que lleva meses afirmando el PP, los datos indican que ni los socialistas ni el PNV cedieron a las pretensiones de Batasuna y ETA en este terreno. No obstante, el encargado del zutabe ya debe estar preparando un artículo glosando el éxito de haber logrado que esos partidos aceptaran modificar el criterio de primero la paz y luego la política, y que se pusiera sobre la mesa una propuesta que combina Navarra y autodeterminación.

En unas conversaciones de este tipo puede entenderse la aparición de planteamientos hipotéticos en la dirección de las demandas de ETA, siempre condicionados al abandono efectivo de las armas. Sin embargo, lo peligroso sería que, una vez comprobado que no sirven para ese fin, esos planteamientos fueran ahora interiorizados como beneficiosos en sí mismos o, en todo caso, como imprescindibles para reanudar el hilo de las negociaciones. Por ejemplo respecto a Navarra. De manera que ETA lo interpretase como que no sólo la puerta permanece abierta, sino que lo hablado en un caserío de Elgoibar o en la cuna de San Ignacio constituye un punto de partida ineludible para su siguiente oferta de tregua. Cuando, como acaba de reiterar Patxi Zabaleta, líder de Aralar, ETA ha dejado sin credibilidad cualquier oferta de tregua y ya sólo vale un "cese unilateral, definitivo e incondicional de la violencia".

No parece exagerado afirmar que medidas tomadas en el marco de lo que la ley permite, pero que no eran las únicas que la ley permitía, como la atenuación de la prisión de De Juana, el aplazamiento del encarcelamiento de Otegi o la admisión de parte de las listas de ANV, no se habrían producido sin la situación de alto el fuego a punto de romperse. No se trata de modificar los criterios que llevaron a adoptar esas medidas, ni por tanto de rectificar el rumbo, como exige Rajoy. Sino de aplicar la otra cara de la resolución del Congreso que autorizaba a hacer ciertas cosas si se daban determinadas condiciones: que si no se dan, hay que suspender su aplicación, si ello es posible.