Bono: "El archivo del 'caso Yak-42' socava la disciplina militar"

"El archivo del caso Yak-42 socava gravemente la disciplina militar", declaró ayer a EL PAÍS el ex ministro de Defensa José Bono. "¿Cómo puede un soldado ser obligado a subir a un avión si el Estado se desentiende de su seguridad?", argumentó. Las familias de los 62 militares muertos en Turquía, en la mayor catástrofe de las Fuerzas Armadas españolas en tiempo de paz, presentaron ayer recurso contra la decisión del juez Fernando Grande-Marlaska.

Cuatro años después del accidente, Leopoldo Gay, abogado de la asociación que agrupa a la mayoría de las familias, admitió ayer que pueden pasar de seis meses a un año antes de que la Audiencia Nacional resuelva el recurso contra la decisión del juez Grande-Marlaska de archivar el caso por la contratación del Yakovlev 42.

No es la primera vez que las familias de las víctimas se enfrentan a un obstáculo. Ya en noviembre de 2003, a los seis meses del siniestro, la juez Teresa Palacios archivó el caso y tuvo que ser la Sala de lo Penal la que, en julio de 2004, le ordenó investigar.

El problema es que en este tiempo apenas se ha investigado nada, pues tanto Palacios como Grande-Marlaska, quien le sustituyó recientemente en el Juzgado Central de Instrucción número 3, han negado sistemáticamente las diligencias reclamadas.

De hecho, el auto del 1 de junio, además de ordenar el archivo de la causa, deniega todas las pruebas solicitadas por las familias desde hace un año, algunas con el respaldo del fiscal.

Entre los testimonios rechazados figuran los del ex ministro Federico Trillo-Figueroa, los jefes del Estado Mayor Conjunto y del Ejército de Tierra en la época, Juan Luis Ibarreta y Luis Alejandre, o el autor del informe del servicio secreto militar que denunció el grave riesgo que suponía volar en ese tipo de aviones.

"Cercenar la investigación en una fase tan prematura como la actual, pese al tiempo transcurrido, precisamente en virtud de la lentitud con que se ha ido tramitando, dejaría en situación de grave indefensión a las familias de las víctimas", alega el recurso.

Sorprendentemente, Marlaska alude en su auto, "en calidad de imputados", al ex secretario de Estado de Defensa Fernando Díaz Moreno y a los generales José Antonio Beltrán y Vicente Navarro. Los dos últimos no están imputados en este sumario, sino en el que investiga la falsificación de las identidades de 30 cadáveres -cuya instrucción depende del mismo juez-, mientras que el primero nunca ha sido acusado.

Lo más grave, sin embargo, es que el auto archiva el caso porque concluye que no que hay delito. En concreto, afirma que no había "un especial deber de observancia por parte de funcionario alguno del Ministerio de Defensa", ni "ninguna obligación concreta relativa a deber verificar que la aeronave se encontrara en perfecto estado de mantenimiento" o que "la tripulación gozaba de las necesarias licencias [...] y menos que recibían los necesarios cursos de formación [...] y menos que se cumplieran los necesarios horarios de descanso. Obligaciones éstas últimas que pesaban sobre la empresa contratista".

Los abogados de las familias recuerdan, no obstante, que los soldados no compraron su billete, ni eligieron la compañía aérea, sino que subieron al Yak-42 cumpliendo una orden cuya desobediencia se castiga con la cárcel, y que el Estado pagó 140.000 euros por el vuelo, pero UM Air sólo cobró 39.000, pues hasta seis intermediarios se quedaron con el resto sin que nadie los controlara.

Leopoldo Torres, letrado de las familias de dos comandantes, que también han recurrido el archivo, recuerda que las Reales Ordenanzas obligan a los mandos a velar por la vida de sus subordinados y a no exponerles a "mayores peligros que los exigidos por el cumplimiento de la misión".

"Si el Estado se desentiende de la seguridad de sus militares, cada uno de ellos podrá decidir si sube o no al avión. Y en esas condiciones no pueden funcionar las Fuerzas Armadas", advierte Bono.