ERC reclama al Constitucional el derecho a preguntar por los gastos de la Casa del Rey

El grupo parlamentario de Esquerra Republicana (ERC) pidió ayer el amparo del Tribunal Constitucional por lo que estima una vulneración del derecho a ejercer sus funciones por la reiterada negativa de la Mesa del Congreso a tramitar varias iniciativas relacionadas con los gastos de la Casa del Rey. El portavoz de ERC, Joan Tardà, explicó que la Mesa se ha negado a tramitar un bloque de 100 preguntas y una proposición no de ley presentadas por su grupo sobre los gastos de la Casa del Rey.

La proposición no de ley pretendía instar al Gobierno a presentar cada año la liquidación de las partidas presupuestarias destinadas a la Casa del Rey en el ejercicio anterior. Las preguntas se interesaban por los fondos puestos a disposición de la Casa del Rey, los sueldos, el patrimonio y las donaciones. También se interesaban por actividades del Monarca, como cacerías en Rumanía y Ucrania.

La Mesa rechazó estas iniciativas y la subsiguiente reconsideración pedida por ERC. La posición de los republicanos obtuvo el apoyo de los portavoces de Izquierda Unida-Iniciativa Verds, Partido Nacionalista Vasco y Grupo Mixto, que quedaron en minoría frente a los del PSOE, PP y CiU. El argumento de estos últimos es que, según la Constitución, la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad.

El portavoz republicano se mostró muy esperanzado acerca del resultado de la apelación al Tribunal Constitucional. Su confianza se basa, según explicó, en que la función del alto tribunal es determinar que las resoluciones del Congreso se ajustan o no a la Constitución, pero para ello deben poder ser tramitadas.

Tardà no se mordió la lengua a la hora de criticar la posición del presidente del Congreso, Manuel Marín, y de los portavoces que han vetado el debate sobre los gastos de la Casa del Rey. Dijo que "se les debería caer la cara de vergüenza" por su actitud "retrógrada", con la que a su entender hacen un "flaco favor a la Monarquía" e impiden un debate que lleva "más de 30 años de retraso".