El Ararteko reclama que se supriman los sorteos de pisos y se adjudiquen según la necesidad

"Adjudicar una vivienda por sorteo no se ajusta al principio de justicia redistributiva", es decir, que en muchas ocasiones los más necesitados no son quienes efectivamente la consiguen. Esto es lo que cree el Ararteko, quien ha solicitado a las administraciones públicas que supriman el sistema de sorteo para conceder las viviendas de protección oficial y opten por uno de baremación, donde los solicitantes obtienen puntos de acuerdo con su situación económica y auténtica necesidad. De acuerdo a los puntos sumados, las administraciones les irían adjudicando los inmuebles.

El Defensor del Pueblo vasco demanda una apuesta decidida por el alquiler de viviendas, en detrimento de la propiedad

Lamarca aboga en un informe extraordinario por ampliar la deducción fiscal a quienes arriendan una casa

Reclama una política de vivienda específica para los jóvenes, el colectivo con mayores problemas de acceso

Esta es una de las reflexiones y recomendaciones incluidas en un informe monográfico elaborado por la oficina del Defensor del Pueblo vasco sobre las políticas públicas de vivienda dirigidas a los jóvenes en la comunidad autónoma. El ararteko Iñigo Lamarca entregó ayer el estudio a la presidenta del Parlamento, Izaskun Bilbao, para su posterior estudio y debate en la Cámara. El trabajo plantea una serie de recomendaciones para mejorar las políticas de vivienda, entre las que destacan la supresión de los sorteos y la potenciación del sistema de alquiler, junto a otras como la necesidad de articular un sólido sistema de coordinación interinstitucional, la promulgación de una Ley de Vivienda Protegida o mejorar la fiscalidad a las personas que viven en arrendamiento.

El estudio parte de que la actual carestía de los pisos en el mercado libre impide el acceso a la vivienda a muchos ciudadanos y, muy especialmente, a los jóvenes, que deben retrasar su emancipación hasta que cumplen al menos 30 años. La compra de un piso se ha convertido en una misión cada vez más imposible para los jóvenes, apunta el Ararteko. A principios de 2006, las personas de entre 18 y 34 años destinaban de media el 57% de sus ingresos para comprar una casa. Un año más tarde, tienen que dejar el 69% de su sueldo. Este porcentaje queda muy lejos del 30% que se considera deseable. Con este panorama, la única salida que le queda a la mayoría es tener una pareja con la que comprar y compartir la casa, o unos padres que puedan ayudar con sus ahorros.

A través de un cumplido repaso a las políticas desarrolladas desde las administraciones, el Ararteko constata que las instituciones no garantizan el derecho constitucional a disponer de una vivienda digna. Después de repasar las políticas de vivienda que se aplican en los países europeos más avanzados, como Reino Unido, Holanda, Suecia o Francia, el informe concluye que todo es "manifiestamente mejorable" y plantea una serie de medidas para ello. La inexistencia de una política de vivienda específicamente para jóvenes, le lleva a plantear medidas con un carácter más general. Estas son las más relevantes:

- Más alquiler y menos propiedad. Como primera medida, el Ararteko recomienda a las administraciones que se vuelquen con el alquiler, en detrimento de la propiedad o derecho de superficie (el piso puede ser disfrutado por el agraciado en un sorteo durante 75 años). En la actualidad, sólo alrededor del 20% de los pisos promovidos desde las instituciones (Gobierno, ayuntamientos y diputaciones) es en alquiler. Aunque no fija porcentajes, el Ararteko resalta que se debe incrementar "de una manera sustancial". El caso es que todos los países europeos analizados promueven pisos en alquiler y nunca en propiedad, a diferencia de lo que ocurre en Euskadi y en el resto de España, con lo que las viviendas nunca dejan de pertenecer a las instituciones. Al mismo tiempo, el Ararteko considera necesario que las personas que viven en los pisos protegidos de alquiler deben tener garantizada una cierta estabilidad. Ahora su situación se revisa cada año.

- Medidas fiscales. El estudio apunta la conveniencia de que las haciendas forales "intensifiquen" su esfuerzo en la promoción de vivienda en alquiler, "discriminándola positivamente" con relación a la propiedad. Para ello, deberían adaptarse medidas de carácter fiscal dirigidas a hacer "económicamente más atractivas" tanto la oferta como la demanda de viviendas en alquiler.

- Ley de Vivienda. Según el Ararteko, resulta preciso fijar para toda la comunidad autónoma un marco común, que incluya unos criterios mínimos de acceso a las viviendas protegidas. La futura Ley de Vivienda debe ser el marco que regule las condiciones básicas de acceso a la VPO, especificando claramente que, al cabo de 75 años, las viviendas que se otorgaron en derecho de superficie deben retornar a la administración y no pasar a los hijos del adjudicatario ni nada parecido. Esta ley debe articular un "sólido" sistema de coordinación y cooperación interinstitucional para garantizar políticas de vivienda homogéneas en toda la comunidad autónoma.

- Sistema de baremación. Otro de los cambios que, según el Ararteko, deben afrontar las instituciones es la fórmula de adjudicación de los pisos protegidos. España y Euskadi son una excepción dentro de Europa en cuanto al procedimiento de adjudicación mediante sorteo. El informe reclama el establecimiento de sistemas que adjudiquen las viviendas de acuerdo con la necesidad de los demandantes. "La filosofía no puede seguir siendo la suerte, sino las necesidades de las personas", apuntó Lamarca.

La última encuesta realizada por el Departamento de Vivienda para conocer la opinión de los ciudadanos sobre los sorteos arrojó como conclusión que para el 35% el sistema no ofrece confianza, mientras que a un 33% le da una confianza media y un 26% sí cree en él.

- Riesgo de insolvencia. El Ararteko pide a las administraciones que introduzcan mecanismos destinados a reducir el riesgo de insolvencia de los jóvenes que acceden a una vivienda, como avales, fianzas públicas o seguros de caución. También solicita que se incremente la duración de las conocidas como cuentas-vivienda.