El Ayuntamiento de Málaga envió al fiscal un delito urbanístico cuando ya había prescrito

La Fiscalía de Málaga ha tenido que archivar el caso de un presunto delito urbanístico cometido por un conocido promotor ruso de la ciudad, Vladimir Beniachvili, que ha concluido las obras de ampliación de su vivienda en suelo no urbanizable pese a las sucesivas órdenes de paralización dictadas por el Ayuntamiento desde que en 1999 otorgó la licencia. Pero el consistorio no puso el caso en manos del fiscal hasta enero de 2006, y éste lo ha tenido que archivar porque el presunto delito estaba ya prescrito. El Ayuntamiento ha vuelto a denunciar el caso.

La fiscalía incoó diligencias en junio de 2006, y en diciembre decretó el archivo de las mismas por la prescripción del delito, que el fiscal atribuye al retraso con el que ha actuado el Ayuntamiento.

La actuación municipal respecto a las polémicas obras del promotor ruso ha sido reiteradamente motivo de controversia política por las quejas de la oposición de la dejadez del equipo de gobierno en hacer cumplir sus propias resoluciones.

Ya en septiembre de 1998, la Policía Local de Málaga detectó las primeras irregularidades por una construcción en suelo no urbanizable en una parcela contigua a la vivienda de Beniachvili, también de su propiedad. Sobre esta parcela, de 135.000 metros cuadrados en el Monte San Antón, Beniachvili proyectó un centro hispano-ruso de cultura que era un gran complejo urbanístico que finalmente quedó paralizado al no aprobar la Junta la recalificación de suelo necesaria.

En 1999 el Ayuntamiento otorgó licencia de obras para ampliación de la vivienda con un edificio de tres plantas, una de ellas bao rasante, para piscina, pista de tenis, vestuario y garaje. En octubre de 2002, el Ayuntamiento ya detectó un exceso de edificabilidad y ordenó derribar 32 metros cuadrados de un porche y 15 metros cuadrados del edificio.

Pero en diciembre de 2002, la Policía Urbanística del Litoral, dependiente de la Junta, detectó que las obras estaban casi en su totalidad en suelo no urbanizable, de lo que informó al Ayuntamiento para que tomara medidas. Aunque inicialmente el consistorio negó las irregularidades, finalmente las admitió y abrió un expediente sancionador. En febrero de 2003 ordenó el derribo del nuevo edificio.

En marzo de 2005, el grupo municipal socialista denunció que el promotor ruso no sólo había incumplido la orden de suspensión de las obras y derribo de lo construido, sino que había iniciado otras actuaciones, mientras se quejó de que el Ayuntamiento no hubiera hecho cumplir sus resoluciones.

Para tratar de arreglar la situación, Beniachvili solicitó una licencia "para legalizar una estructura y alberca para explotación agríciola", toda vez que la ley si permite que en suelo no urbanizable se construyan instalaciones necesarias para la explotación agrícola. Pero el Ayuntamiento denegó en mayo de 2005 este permiso después de que los técnicos municipales comprobaran que en la finca no había ninguna explotación agrícola y que lo que se presentaba ahora como alberca era en realidad la estructura para piscina y pista de tenis que ya estaba construida.

El promotor ruso siguió adelante con las obras hasta terminarlas. Según el Ayuntamiento, lo finalmente construido en suelo no urbanizable que que "no es legalizable" son una estructura con piscina de 956 metros cuadrados, una cimentación para estructura de 376 metros cuadrados y un cenador de 12,5 metros cuadrados.

El gobierno municipal informó ayer de que a mediados del pasado mes de mayo volvió a remitir el expediente con todas las irregularidades a la fiscalía porque considera que, aunque archivara el caso en diciembre, aún tiene margen y "puede ejercer acciones en defensa de la legalidad vigente por los delitos relativos a la ordenación del territorio y la protección del patrimonio histórico y del medio ambiente".

El Ayuntamiento ha requerido además a Beniachvili para que derribe lo construido en un plazo de 30 días.