Una cartografía social de España

La presencia de una nueva promoción de líderes europeos estimula la posibilidad de que en un futuro la UE disponga de Tratado Constitucional. Ello coincide en el tiempo con un buen momento económico; desde hace unos meses, y ahora con más holgura, la zona euro crece económicamente más que sus competidores, EE UU y Japón. Ello conlleva empleo y reducción de los porcentajes de paro.

Ambos temas, impulso constitucional y dinamismo económico, son debatidos de modo amplio. Pero quizá no fue por su déficit por lo que hace dos años franceses y holandeses dijeron "no" al texto constitucional que se les presentó a elección. Más allá, hay asuntos como la dimensión social o el modo de vida europeo en un mundo globalizado, que sistemáticamente son desplazados de la discusión pública y que sólo emergen cuando antes de una cumbre aparecen los que se oponen y gritan que otro mundo es posible. Como ahora, ante el G-8 en Alemania.

Y sin embargo, paralizada la UE, hay que buscar argumentos de legitimidad para que no se detenga del todo. En las instituciones políticas, lo que no avanza retrocede. El problema es que en esta coyuntura, de tanto olvidar el debate sobre el modelo social, no se comparten apenas diagnósticos sobre los desafíos sociales y proliferan más las diferencias objetivas (diversidad de situaciones entre los 27 países y dentro de estos países entre los más de 500 millones de personas que conforman la actual UE: el 8% de la población mundial), que los consensos.

En este contexto, aparece ahora en España otra cartografía para analizar su situación socioeconómica. Se trata de la Memoria del Consejo Económico y Social (CES), que preside Marcos Peña. La misma recuerda que, en busca de legitimidad, la Comisión Europea puso en marcha en 2006 un ambicioso proyecto de consulta pública que durará todo este ejercicio, para evaluar las principales tendencias sociales; junto a los logros alcanzados en términos de desarrollo económico y bienestar social se asiste al surgimiento de nuevos modelos de pobreza y desigualdad y a la aparición de problemas propios de las sociedades opulentas, como la obesidad o los factores asociados a la salud mental, al envejecimiento y a la mayor longevidad.

Una buena manera de medir el esfuerzo de la UE en solucionar estos problemas es el gasto en protección social: en los últimos años se advierte una ligera disminución de la participación de la protección social en el conjunto del gasto público en la UE. A su vez, el esfuerzo que se dedicaba en España a la protección social en 2004 (último año del que se dispone de información comparada en el CES) seguía siendo muy inferior a la media de la UE-15 y de la UE-25, pese al ligero ascenso observado en los últimos años. En 2004, España dedicaba a protección social una cantidad equivalente al 20% del PIB, mientras la media de la UE-15 se situaba en el 27,6% y la media de la UE-25 se encontraba en el 27,3% del PIB.

España se encuentra por debajo de la media en todas las funciones del gasto social salvo en desempleo (2,5% en España, y 1,7% en la UE). El gasto en la función "vejez" suponía ya en 2004 el 7,9% del PIB (el 10,8% en la UE-25); y la "enfermedad", que comprende la atención sanitaria y la incapacidad temporal, suponía el 6% del PIB en nuestro país, frente al 7,4% en la UE. Según la Comisión Europea, las proyecciones muestran que los gastos públicos relacionados con la edad aumentarán entre tres y cuatro puntos del PIB entre 2004 y 2050, lo cual representará un incremento del 10% de los gastos públicos, que afectarán a las pensiones, la salud y a los servicios prestados a las personas de edad avanzada. La Memoria no contempla, más allá de la teoría, la entrada en vigor de la ley de dependencia, que corregirá al alza algunos de esos datos y porcentajes.

Mejorar la legitimidad de la UE entre los ciudadanos supone abordar no sólo el incremento de la renta per cápita, sino la amplitud y eficacia del gasto social también medidas per cápita. Por cierto, contemplado como promesa de convergencia real en el programa electoral del PSOE.