El Supremo impide urbanizar un solar orensano que vendió la Diputación

La finca Santamarina -17 hectáreas en el entorno del complejo hospitalario orensano- que la Diputación de Ourense vendió en el año 2001 a la inmobiliaria Flager por 13,9 millones de euros para construir en ella varias torres de viviendas, continuará paralizada. El Tribunal Supremo ha desestimado la petición de la empresa de que se supriman las medidas cautelares que le impiden iniciar las obras mientras no se resuelve el contencioso planteado en su día por los grupos de oposición contra la venta de los terrenos.

El PSOE provincial presentó la denuncia al considerar que la finca se vendió por un precio considerablemente inferior a su valor real y contraviniendo el testamento de los antiguos propietarios, que cedieron la parcela a la Diputación con la condición de que se destinara a uso público. El BNG recurrió la venta por ser "lesiva para los intereses de los ciudadanos".

Con el proceso judicial aún abierto, Flager solicitó la supresión de las medidas cautelares para poder iniciar las obras, petición que fue recurrida por el BNG y ahora denegada por el alto tribunal. El futuro teniente de alcalde de Ourense, Alexandre Sánchez Vidal, expresó ayer su satisfacción por este auto que considera "un paso importante para la defensa de los intereses de los ciudadanos frente a los de una empresa privada".

Sánchez Vidal cree que el auto anticipa "una sentencia favorable a los intereses generales" y evita que el Bloque tenga que hacer frente a una cantidad "multimillonaria en concepto de fianzas para mantener parada cualquier obra en la finca".

Los nacionalistas reconocen que no habrían podido desembolsar la cantidad suficiente para impedir los trabajos y destacan que la decisión del Supremo obliga a la inmobiliaria a asumir las costas de su recurso contra la denuncia. El BNG opina que "se refuerzan" sus "premisas sobre lo ilícito de la operación urbanística" en la finca.

Venta "ridícula"

La concejala en funciones del grupo socialista, Áurea Soto, estima que el valor real de la parcela es de 85 millones de euros "con lo que en el año 2001, cuando se vendió por 13,9 millones, valdría en realidad unos 70". Con estos cálculos, los socialistas consideran que la Diputación vendió la finca a un "precio ridículo", cinco veces inferior al del mercado, lo que la convierte "en un regalo".

Flager pretende edificar en 112.878 metros cuadrados 196 viviendas protegidas a un precio de 150.000 euros y 786 a 192.300 euros. Además prevé poner en el mercado los bajos comerciales. Tanto socialistas como nacionalistas, que tildaron en su momento la venta de "auténtico pelotazo institucional", han reclamado desde el año de la venta el uso público de la parcela y su destino a zona verde.

En su programa electoral, el BNG propone unir esta finca con el parque forestal de Montealegre, con la ribera del río Barbaña y la zona termal de As Burgas. Hasta hace unos meses, el Cortes Inglés barajaba la posibilidad de instalar en Santamarina un centro comercial y varios bloques de viviendas.