Las Pymes que se esfuercen por reducir los accidentes laborales pagarán menos en cotizaciones sociales

Las pequeñas y medianas empresas (Pymes) se beneficiarán de reducciones en las cotizaciones sociales que pagan si mejoran en materia de siniestralidad laboral. También tendrán bonificaciones las microempresas que practiquen la autoprevención y realicen ellas mismas la evaluación de riesgos de accidente. Y las cotizaciones serán menores para las sociedades que contraten a personal específico que desarrolle prevención.

Está por decidir aún el alcance concreto de estas ventajas, que buscan incentivar a las empresas con menor tamaño a tomar en serio la prevención permitiendo que cuenten con mayores recursos, pero la medida ya es seguro que figurará en la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo para 2007-2012 que acordarán la semana próxima el Gobierno central, las comunidades autónomas, los sindicatos y las patronales empresariales. Así lo avanzó ayer en Barcelona Raúl Riesco, director general de Trabajo, en una jornada sobre prevención de riesgos laborales organizada por Mutua Universal.

Gobierno, autonomías y agentes sociales arrastran largas negociaciones para cerrar dicha estrategia, que tendrá un centenar de medidas y que según Riesco es "el eslabón perdido" que falta entre los planes de acción que han ido aplicando los distintos gobiernos autonómicos y la estrategia que sí existe a escala europea. En las mismas jornadas, José Ramón Biosca, de la dirección general de Empleo, Asuntos Sociales e Igualdad de Oportunidades de la Comisión Europea, recordó que el objetivo "realista pero ambicioso" de la UE es recortar los accidentes un 25%. Este mismo objetivo ha sido asumido por el Gobierno español.

España no sale bien parada en Europa, especialmente en sectores como la construcción, donde el número de accidentes por cada 100.000 trabajadores es de 13.651 y la media europea está en 6.300, según datos de Bruselas. En España se producen al año un millón de accidentes con baja y mueren 1.000 personas. Según Joaquín Nieto, responsable de salud laboral de CC OO, la nueva estrategia prevé triplicar el número de inspectores y la creación de agentes de prevención. Los sindicatos piden que las autonomías dediquen la recaudación por sanciones a prevención.