Las ciudades después del 27-M

No ha sido casual -ni ha pasado desapercibido-, que fuera el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, quien defendiera la Ley del Suelo en el Congreso de los Diputados, aprobada hace unos días. Éste del suelo es un problema crucial de la democracia española y debe estar al máximo nivel de la preocupación local y de la responsabilidad nacional, si queremos que nuestro país albergue un Estado de derecho avanzado que sostenga un territorio ordenado y habitable, porque cuando se habla de derechos sociales o de ciudadanía se trata del derecho a la ciudad y, por ende, de las medidas que contiene el ejercicio práctico del mismo, que suelen recogerse, en parte, en el ámbito del urbanismo y la ordenación del territorio. El derecho a la vivienda y a su acceso, que dependen de ellos, están ampliamente preteridos por culpa de la tardía e insuficiente reacción pública ante la desregulación de facto del suelo, ante las irregularidades, delitos ambientales y la corrupción política y administrativa, detectadas y consentidas por las grandes formaciones políticas como un mal local o menor.

Aunque no sea seguro que la nueva ley luche "radicalmente" contra la corrupción -como afirma el presidente- porque es difícil cambiar hábitos que se encuentran en la quintaesencia de los delincuentes de guante blanco, la burocracia y del omnímodo poder administrativo, es muy probable que la nueva legislación sirva para establecer un marco de características completamente distintas al vigente. Al menos será útil para incrementar el control social del urbanismo y su regulación pública en un sentido positivo para la vivienda, la valoración del suelo, los planes y la sostenibilidad de las ciudades.

Más raro será que la ley actúe como un catalizador que se adelante a los nuevos problemas porque para ello hacía falta haber partido de un consenso político, que no se ha logrado con el PP, ni con algunos promotores que siguen viendo intervencionismo en el mero cumplimiento de unas reglas iguales para todos. El consenso político y la concertación social son difíciles de conseguir si, a la vez que se clama por ellos, se aplauden las actitudes delictivas del blanqueo de capitales y se sostiene a los empresarios o técnicos, que han cometido desde fraudes fiscales a delitos urbanísticos -más allá de la obligada presunción de inocencia-, como ha ocurrido en tantos casos. Pensar que con esta reforma empieza una nueva etapa sólo es razonablemente acertado si se ponen en marcha otros mecanismos de regeneración del mercado y de la sociedad española; justamente de los dos.

Las elecciones municipales han permitido comprobar hasta qué punto la sociedad española ha aceptado unos márgenes amplios de tolerancia respecto de algunos tipos de corrupción, reeligiendo alcaldes y concejales imputados por la justicia o rechazándolos. Son tramas que han aflorado gracias al fuerte impulso dado a las fiscalías de urbanismo y medio ambiente y a la acción de grupos y colectivos sociales. Pero por mucho que se ha denunciado la im

plicación de ediles, técnicos y empresarios en los negocios fraudulentos de la democracia inmobiliaria al uso, algunos de sus protagonistas volverán a dirigir equipos de gobierno municipal, para dirigir el mercado desde los ayuntamientos. Tendríamos un buen punto de partida si no hubieran sido elegidos del total, entre un 5% y un 10% de los ya afectados por esta lacra. Como no es así, habrá que esperar más decencia o un mayor control de las nuevas corporaciones municipales. Una nueva actitud más beligerante ante las irregularidades propias y ajenas. Un esfuerzo más efectivo (como el que se ha pedido en la campaña electoral) de los partidos políticos contra los corruptos que actúan en sus filas es una condición necesaria aunque todavía sea insuficiente para ordenar el futuro de nuestras ciudades.

La sociedad española requiere ya un marco diferente para la vivienda. Se están haciendo tardíos esfuerzos en todas las ciudades para evitar la desregulación de estos años en que ha sido motivo de una dependencia que hoy afecta a centenares de miles de jóvenes. Sin embargo, el problema del suelo habitable no se puede dejar en manos de una opción meramente porcentual de reservas destinadas a vivienda protegida, ni atribuirlo a un espacio declarativo de lucha contra la especulación, porque esta lucha ha de tener un origen en una nueva política estructural de vivienda y suelo. Esta política, para ser efectiva, necesita de un nuevo modelo sostenible para una nueva calidad democrática. Agotado el modelo intensivo y expansivo del crecimiento inmobiliario, con su reciente capitalización invertida en otros sectores, no se puede dejar sólo al esfuerzo público la solución del problema, porque estamos no ante un problema de elegir entre torres o parques, sino superar la concepción economicista del urbanismo sólo como reparto de poder o imagen del negocio inmobiliario.

La Ley del Suelo es un primer paso en este sentido, pero si se quiere una eficiencia realista de ese instrumento, no cabe imaginar que, por la gracia de la ley sólo, se consiga, primero, una alta tasa de moralidad pública en el urbanismo; y luego, un procedimiento real de mejora de la edificación sostenible o algo de justicia en el acceso a la vivienda. Estas tres pretensiones han de completarse con un cambio en los métodos técnicos y los presupuestos ideológicos, o nos encontraremos ante un escenario reiteradamente injusto para amplias capas sociales dependientes. La razón está en que hoy la satisfacción real de las demandas locales de vivienda pública no alcanza más que un pequeño porcentaje entre el 5% y el 10% de la demanda en las ciudades españolas, en tanto se promovían hasta ahora centenares de miles de viviendas como inversión, o segunda residencia, en flagrante despilfarro económico y ambiental. De ahí las cifras y sonrojantes escenas de los sorteos de vivienda pública en relación con los peticionarios o las manifestaciones de jóvenes por la vivienda digna, frente a la autocomplacencia o el autoen-gaño de la clase política. El hecho de que la vivienda sólo se trate en conexión con las políticas de suelo y no se planteen alternativas de acceso al mercado, de nueva fiscalidad, de financiación pública diferente, de hacienda local compensatoria, de patrimonio público para hacer ciudad y no guetos; y, por supuesto, de un modelo de mercado profesional del alquiler frente al imposible microcosmos de arrendamientos entre particulares y Administración.

Es determinante también una reflexión acerca del modelo, ya anticuado, de subvención al desarrollo por actuaciones. La construcción de vivienda pública puede ser rentable, pero hay que revisar tanto los prejuicios como los tipos y precios máximos de construcción y venta por parte de los promotores privados, porque si no dilataremos el horizonte de acceso a la vivienda varias décadas y lastraremos a la ciudadanía con hipotecas sociales impagables. La revisión de los estereotipos sobre fiscalidad debe hacerse a la vez que la intervención en el mercado profesional de los fondos inmobiliarios de alquiler para fomentar la salida al mercado de viviendas-hucha, hoy deshabitadas e inútiles, tanto para la sociedad como para el mercado.

Después de las elecciones municipales nos encontramos con un panorama nuevo, en el que, si bien no hay espectaculares vuelcos en los repartos de poder, si estamos ante la posibilidad de buscar y reconstruir un consenso entrecruzado sobre el problema estructural de nuestro crecimiento. Es la hora en la que los españoles, por abrumadora mayoría de la sociedad civil, debemos exigir a todos los partidos y administraciones un cambio hacia la transparencia, la corrección del despilfarro de ladrillo y la creación de entornos habitables en nuestras ciudades en el medio plazo. Para ello habrán de revisarse muchos de los esquemas obsoletos que han servido desde los años ochenta hasta hoy.

Este cambio no sólo se basa en exigir un nuevo marco de derechos y deberes, de decencia y voluntad política para solucionar el problema del alojamiento, sino en el perfeccionamiento de los instrumentos de economía y hacienda privados y públicos para satisfacer la demanda social existente, sin atenerse solo al ánimo de lucro privado y la rentabilidad política que, a veces disfrazados con vestimentas arquitectónicas prêt-à-porter o de franquicias de marcas populares, han predominado hasta el 27-M.

Carlos Hernández Pezzi es presidente del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos.