Justicia pendiente desde hace 11 años

Una justicia lenta no es justicia y a veces puede parecer una burla. El caso de Carmen Fernández sigue coleando después de 11 años y tiene visos de prolongarse por un tiempo aún indefinido, algo que no le sobra a Carmen Fernández, gravemente enferma en los últimos años.

Carmen Fernández es la mujer a la que la Junta de Andalucía debe indemnizar con 1,7 millones de euros por la "privación ilegítima" de sus dos hijos, que le fueron retirados por su alcoholismo en 1996 cuando tenían tres y cuatro años. La posterior rehabilitación de la mujer no bastó para que el juez de Familia, Francisco Serrano, que se pronunció en el caso, ni los servicios de protección de la Junta en Sevilla reconsiderasen su decisión de entregar a los niños en acogimiento preadoptivo a una familia de Dos Hermanas.

Pasados ocho años de recursos de unos y otros, finalmente la justicia le dio la razón a Carmen. Una victoria más bien amarga para la madre, ya que la Audiencia de Sevilla reconoció en paralelo que resultaba imposible ejecutar la devolución a la madre biológica de los pequeños, para entonces de 10 y 11 años, debido al tiempo transcurrido. Llegados a este callejón jurídico sin salida, el tribunal planteó que había que indemnizar a la mujer para compensar su "largo y tortuoso calvario".

Tampoco eso resultó fácil. El juez de Familia Francisco Serrano estableció esta cantidad en 72.670 euros, pero la Audiencia rechazó el importe y aceptó los planteamientos del abogado de la mujer, Gabriel Velamazán. En una decisión sin precedentes en la justicia española, la Sección Sexta de la Audiencia de Sevilla elevó la cantidad a 1,7 millones euros en una resolución de diciembre de 2005. Para ello tomó en cuenta el baremo que se aplica para compensar a las personas privadas indebidamente de libertad.

La decisión fue recurrida por la Junta de Andalucía, que presentó un recurso de amparo ante el alto tribunal en 2006. La administración autonómica esgrime que se le imputan "responsabilidades" que no le corresponden, ya que sobre ella recae toda la demora, achacable también en buena medida a la justicia. De igual modo no aceptan que se les responsabilice de la enfermedad sufrida por Carmen, aquejada de graves problemas de salud, entre ellos una depresión crónica "a causa del sufrimiento" por la pérdida de sus hijos, según el tribunal de Sevilla. Otro de los argumentos defendidos por la Junta ante el Constitucional se refiere al baremo empleado para fijar la indemnización, que consideraron "no ajustados a derecho".

La Junta pidió, además, al Constitucional que suspendiese el pago de la indemnización o, en su defecto, exigiese una fianza a Carmen Fernández que garantizase la devolución del dinero en caso de que el alto tribunal rebaje o anule la compensación económica. Simultáneamente, el juez de Familia decidió retener la entrega de los 1,7 millones, que se mantuvieron inmovilizados en una cuenta hasta el pasado miércoles. Ese día, el juez Francisco Serrano ordenó pagar la indemnización de 1,7 millones, nada más recibir el auto de la Sala Segunda de la Audiencia de Sevilla, que le obligaba a ello, en cumplimiento del auto de 2005. De esa cantidad, ya han sido retirados 210.000 euros.

Pero dos días después, el mismo juzgado de Familia recibió por fax una resolución del Tribunal Constitucional, que ordena que se dé el dinero a la madre adoptando garantías de que podría ser devuelto en caso de que el Constitucional dé la razón a la Junta.

Tras esta nueva notificación, el juez Francisco Serrano explicó ayer que había autorizado a la mujer a disponer de una cantidad limitada (72.670 euros) de la indemnización, al tiempo que aseguró que ya se había retirado el triple la semana pasada, informa Europa Press. Han pasado 11 años y el caso de Carmen Fernández sigue atrapado en dilaciones y decisiones contradictorias, como si la justicia no se rigiera por el calendario humano.