La Junta Electoral Central avala la campaña de los consejeros por su libertad de expresión

En el último día para poder pedir el voto, la Junta Electoral Central (JEC) avaló ayer la participación de los altos cargos de la Junta de Andalucía en los actos electorales organizados por el PSOE, al entender que "pueden ejercer el derecho fundamental a la libertad de expresión consagrado en el artículo 20 de la Constitución". Aunque la resolución no afectará ya a la extinta campaña municipal, sí aclara la situación con vistas a las próximas elecciones autonómicas y generales. A la vista de la decisión, "sería bueno que el PP hiciera profesión de fe democrática, que le hace mucha falta en los últimos tiempos", aseguró el líder del PSOE y presidente de la Junta, Manuel Chaves. La JEC se pronunció sobre un escrito registrado por el PSOE el pasado jueves, de cuya presentación este partido no informó por extrañas cábalas de algunos de sus dirigentes.

La resolución viene a poner orden en la disparidad de criterios mantenida por las juntas provinciales de Málaga y Córdoba y la de zona de Marbella, por un lado, y la de Granada, por otro. La de Marbella instaba a los consejeros a abstenerse de "participar en cualquier rueda de prensa o comparecencia pública" que tenga "por objeto la presentación de proyectos, logros o realizaciones" de la Administración, atendiendo a una denuncia del PP. Este partido acudió también a los órganos provinciales de Málaga, Córdoba y Granada. Los dos primeros prohibían la participación de los consejeros, mientras que la de Granada la autorizaba al entender que se trataba de "actos de partido".

La directriz llega tarde para la consejera de Cultura, Rosa Torres, a la que la Junta de Zona de Marbella ha abierto un expediente por participar en un acto de apoyo al candidato socialista.

La JEC entiende que la limitación del artículo 50 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral (Loreg) "debe entenderse referida a actos convocados, organizados o financiados por quienes ocupan cargos públicos, sin perjuicio de que, fuera de esos supuestos, los titulares de cargos públicos puedan ejercer el derecho fundamental" a la libertad de expresión.

Esta es la tesis que defendía el PSOE desde el primer momento y que ayer, de manera enérgica, reiteró su secretario general. "La resolución pone las cosas en su sitio", dijo Chaves, quien acusó al PP de pretender "recortar los derechos democráticos e impedir el derecho a la palabra" a él y a los consejeros como militantes socialistas. Según el presidente de la Junta, la posición de los populares además de "anticonstitucional" es "hipócrita y cínica", en alusión a la gira de ministros del Gobierno del PP en 2003.

El presidente del PP, Javier Arenas, respetó la decisión de la JEC y anunció un recurso judicial. El siguiente escalón es el Tribunal Supremo.