Los mil recovecos del palacio de Villagonzalo

Los socialistas, con Miguel Sebastián a la cabeza, volvieron ayer a la carga para probar un supuesto "trato de favor" del alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, hacia Montserrat Corulla, la presunta testaferro de Juan Antonio Roca, el cerebro del caso Malaya. Después de que el martes presentaran el libro de visitas de la Gerencia de Urbanismo para demostrar que la abogada "amiga" de Gallardón, había visitado esta sede en 40 ocasiones en dos años y medio, ayer presentaron un registro de los 49 edificios protegidos que han solicitado, como los de Corulla, ser convertidos en hoteles.

Todos ellos, según los socialistas, han necesitado de un Plan Especial para llevar a cabo las reformas y rehabilitaciones, salvo el palacio de Villagonzalo, administrado por Corulla. La concejal de Urbanismo, Pilar Martínez, explicó que "en Madrid hay 13.000 edificios protegidos y cada uno tiene unas normas diferentes".

Un Plan Especial sirve para desarrollar las normas urbanísticas generales. Se trata de un trámite más largo y complejo (de entre dos y cinco años) que requiere un proceso de información pública y alegaciones vecinales, además de una aprobación de la comisión de Urbanismo, del pleno y de la CIPHAM (Comisión de Patrimonio Histórico, con representantes de la Comunidad, el Ayuntamiento y los arquitectos).

La necesidad de ese plan especial es lo que ha estado en entredicho. El PSOE acusa al Ayuntamiento de "eximir" de ese plan a Corulla. El PP niega que existiera privilegio alguno. Y demuestra que la ley permite realizar algunas actuaciones sin necesidad del citado plan. Lo único que se puede extraer del expediente del palacio de Villagonzalo y de los documentos aportados por ambos grupos políticos es que Corulla se sirvió de todos los recovecos legales para sacar adelante su proyecto. Hasta 11 veces fue corregido por el CIPHAM, que le hizo las correspondientes objeciones. Ella, tal y como consta en el expediente, las subsanó una a una. Además, recurrió a autorizaciones parciales para llevar a cabo las obras.

La ficha de condiciones del Plan General Urbano de Madrid, la máxima norma urbanística (PGOUM-1997) establece que un futuro garaje en este inmueble tendrá que contar con un montacoches. Pero la propia CIPHAM permite que se haga una rampa, alegando que "de esta forma se protege mejor el jardín", precisa Martínez.

La misma Comisión acepta, también, la tala de varios árboles del mismo jardín. Según la Ley del PGOUM (Art. 4.1.4), la CIPHAM "tiene capacidad para pronunciarse sobre soluciones y alternativas que en materia de planeamiento, edificabilidad y usos, puedan plantearse en orden a la conservación (...) del patrimonio artístico, histórico y natural".

Tras la guerra de documentos entre socialistas y populares, éstos respondieron ayer a las últimas acusaciones de Sebastián con un ultimátum: "Si están seguros de que existe un delito contra el patrimonio histórico, que acudan a los tribunales", retó ayer Martínez.