El Consell pisa el acelerador de la gestión privada sanitaria

A finales de la semana pasada, la puerta de acceso al centro de salud de San Isidro en Valencia parecía un campo de batalla. Cajas de cartón, precintos y moldes de corcho blanco se amontonaban a la entrada mientras operarios instalaban material de oficina. "Lo último que había oído era que abriría el mes de septiembre pasado y mira como está", se lamentaba José Antonio López, vecino del barrio, mientras pasaba por delante del centro. Sin embargo, aún ha tenido suerte. El lunes pasado, en plena campaña electoral, el centro abrió sus puertas y, a pesar de funcionar a medio gas, José Antonio podrá estrenar las nuevas instalaciones y dejar de ir al ambulatorio de la calle Fontanares.

Otros vecinos de Valencia, Elche, Castellón o Alicante siguen siendo atendidos en consultorios debido a los problemas que encuentra la Consejería de Sanidad para encontrar suelo donde construir instalaciones sanitarias. Y ello pese al empujón que se ha dado, especialmente en los últimos años, en la construcción de centros de salud. Sin embargo, desde que en 1986 la Ley General de Sanidad fijara el nuevo modelo de atención primaria basado en los centros de salud -con una atención más extensa que los obsoletos consultorios-, sigue habiendo puntos negros en los principales núcleos urbanos. Y los presupuestos arrastran la construcción de centros de salud durante años, como el de Alicante-Campoamor, que apareció por primera vez en las cuentas de 1999, y sigue saliendo año tras año sin que se haya construido.

La apuesta por la construcción de hospitales llevada adelante por el Consell del PP ha sido más evidente. Aunque, en su gran mayoría, este impulso se haya canalizado a través de la iniciativa privada con una determinación incomparablemente superior a cualquier otra autonomía. Para ello, la Generalitat siempre se ha escudado en estudios de opinión, según los cuales a los ciudadanos les importa la calidad de la atención que reciben y no quién gestiona el hospital. Algo que parece no estar tan claro, según una encuesta preelectoral coordinada por el profesor de estadística de la Universitat de València, José Miguel Bernardo. Mientras un 51% de los valencianos considera una buena idea que algunos hospitales públicos los dirijan empresas privadas, el 49% opina lo contrario.

El modelo a seguir ha sido el del hospital de la Ribera, en Alzira, que abrió el camino en enero de 1999. Desde entonces, la gestión privada de hospitales públicos -y luego también áreas de salud enteras- ha sido el principal estandarte de la política sanitaria del PP.

En estos momentos, la Consejería de Sanidad sólo construye directamente un centro. Se trata del nuevo hospital La Fe, que trasladará sus dependencias del barrio de Campanar al de Malilla y que quedará fuera del control privado. Al margen de este enorme hospital y el Padre Jofre (inaugurado en 2005), sociosanitario y, por ello, poco atractivo para la iniciativa privada, la apuesta es ceder cada vez mayores parcelas de la sanidad pública a las empresas privadas.

De momento junto al centro de la Ribera, que gestiona la aseguradora sanitaria Adeslas con las cajas de ahorros Bancaixa y la CAM, está también en funcionamiento el hospital de Torrevieja, controlado por las cajas y Asisa, y en marcha desde el mes de octubre pasado.

En la cola están otros tres centros y departamentos de salud más, todos ellos adjudicados ya en uniones de empresas participadas siempre por las mismas entidades financieras. El más adelantado es el hospital de Dénia, que controlará DKV. Le sigue el hospital de Manises, que gestionará Sanitas y el de Elche-Crevillente, en manos de Asisa, cuya puesta en marcha se prevé para 2009. Por entonces, la atención sanitaria de un 20% de la población valenciana (860.000 habitantes) estará controlada por empresas privadas.

Buena parte de estos hospitales junto a otros anunciados (Lliria, Benidorm, Gandia) se arrastran del programa Plan de Infraestructuras Sanitarias, anunciado por José Luis Olivas, cuando ocupaba la presidencia de la Generalitat, en 2003. Y responden a la necesidad de elevar la tasa de camas hospitalarias, a la cola de España. La Comunidad Valenciana es la que menos camas tiene por 1.000 habitantes (2,71), muy por debajo de la media estatal (3,59) o de la autonomía mejor situada (Cataluña con 4,52), según el Catálogo Nacional de Hospitales de 2005. También es la que menos gasto destina por habitante, según un estudio comparativo de la Federación para la Defensa de la Sanidad Pública. En 2006 la Comunidad Valenciana gastó 1.058,68 euros por persona frente a los 1.525 de La Rioja.

Pese a las movilizaciones de médicos las pasadas semanas contra la precariedad del sector -en torno al 30% según los sindicatos-, la legislatura ha sido bastante tranquila gracias en buena parte al desarrollo de la carrera profesional y la culminación de la oferta de empleo público. Atrás quedaron también los grandes sobresaltos de otros tiempos como la muerte de pacientes dializados o incluso el contagio de hepatitis C. El mandato de Vicente Rambla al frente a la Consejería de Sanidad desde junio de 2003 incluso coincidió con el fin de los episodios de legionela en Alcoi. Curiosamente, la tranquilidad se rompió desde dentro. En mayo de 2006 llegó el relevo al frente del departamento a manos de Rafael Blasco y con el cambio de testigo las tensiones con el equipo heredado de Rambla y una tensa cohabitación que puede estar apurando sus últimas horas.