Vivienda: una ley y un libro blanco

El tema de la accesibilidad a la vivienda -es decir, el de la necesidad de una amplia oferta adecuada a las posibilidades económicas de la demanda real- se ha convertido en el más intenso y reiterativo en las reclamaciones populares y, por lo tanto, en las propagandas electorales. La reclamación tiene largas consecuencias que pueden desbordar, incluso, las legalidades estrictas. Entre las varias respuestas, a menudo concretas y anecdóticas, hay sólo un acuerdo indiscutible: el libre mercado no tiene instrumentos para resolver el problema por sí solo. Es decir, en un sistema liberal como pretende ser el nuestro, los pobres no pueden tener vivienda si no hay una política de intervención, si los gobiernos no imponen acciones sobre las iniciativas y las tendencias del negocio privado. Mucho hablar de las excelencias -y la eficacia- del mercado libre, pero, ante los grandes problemas sociales y económicos, hay que pedir la intervención salvadora de un estado fuerte: la enseñanza, la sanidad, la vivienda, el urbanismo, la cultura, etcétera. ¿Qué sería de todo ello sin el amparo de las concertaciones, las subvenciones y el peso de los presupuestos municipales y nacionales que se sustentan con los impuestos?

Por eso, en la discusión sobre la vivienda me interesan las propuestas rotundamente intervencionistas, sobre todo las iniciativas que comprometen o comprometerán directamente a los gobiernos fundamentando su ideología y su gestión. Ahora, tanto nacional como localmente, hay dos iniciativas en este sentido que habría que publicitar mucho más y a las que habría que apoyar popularmente porque, sin anecdotología ni oportunismo electoral, podrán dar las bases de una definitiva y permanente actuación.

La primera es la Ley de la Vivienda que el Gobierno de la Generalitat ha presentado ya al Parlament y que probablemente se aprobará muy pronto. Parece que en junio se firmará un pacto nacional para la vivienda y que en julio se aprobará la nueva ley. Una línea básica de actuación que propone es la afirmación de la autoridad gubernamental, a pesar de integrar en algunos puntos la colaboración -condicionada y controlada- de los promotores habituales. Hace pocos días Carme Trilla, Secretaria de Vivienda de la Consejería de Medio Ambiente y Vivienda, lo ha resumido claramente en este mismo periódico. Sin duda la limitación de usos excesivos y antisociales de propietarios y promotores -como, por ejemplo, el tema del alquiler forzoso y otras medidas de corrección de la anomalía de los pisos vacíos- serán en algunos puntos cuestionadas por los partidos aparentemente más liberales y más conservadores. Estamos, por lo tanto, en un punto crucial, en el que, ante la gravedad del problema, esos partidos deberían tener una clara conciencia de política unitaria y aceptar la forzosa superación del mercado especulativo. Esperemos que las 144 enmiendas presentadas por CiU se resuelvan sin que el espantajo del consenso precipitado aminore las decisiones más rotundas y eficaces del proyecto del Gobierno.

La segunda iniciativa es la redacción desde el Ayuntamiento del Libro Blanco de la Vivienda en Barcelona, dirigido por Antón Costas, con la participación de un amplio equipo de especialistas. Se trata de un análisis exhaustivo de las condiciones sociales, económicas y urbanísticas del problema de la vivienda, en términos que podrían parecer demasiado académicos y abstractos, si no se acompañaran con un pliego de recomendaciones que se centran en dos capítulos. El primero plantea los objetivos para el establecimiento de un modelo de vivienda asequible y sostenible: prioridad a los ciudadanos de ingresos menores y en riesgo de exclusión -una categoría que el libro intenta redefinir en términos nuevos que hacen variar las actuales clasificaciones con algunas sorpresas interesantes- y prioridad a la recuperación de las funciones residenciales de los barrios más degradados. El segundo capítulo define los siete pilares del modelo: un parque de vivienda de alquiler social y apoyo a un mercado de alquiler privado, un nuevo sistema transparente de adjudicación, un parque municipal de suelo para usos residenciales, un esfuerzo en la rehabilitación, una política territorial de ciudad compacta y mixta, una firme regulación urbanística y medioambiental y una especial atención a la realidad metropolitana y a la eficacia de su gestión política, administrativa y urbanística.

Son dos documentos muy distintos pero con un mismo tono de novedad respecto a la atonía o el oportunismo habituales. Son instrumentos promovidos por dos gobiernos -el nacional y el local de Barcelona-, con metodologías extensibles, que no se pierden en discusiones superficiales porque definen la actuación pública a lo largo de la legislatura. Me extraña que estos dos documentos no hayan sido la base de las discusiones electorales de esos días. Por lo visto, los políticos y los electores prefieren discutir aspectos puntuales porque se prestan más a la frivolidad y a la jerga dialéctica. Prefieren ofrecer y discutir emplazamientos para nuevos bloques de vivienda, cuando habría que cuestionar la gestión, el contenido y los resultados políticos de leyes y pactos de mayor generalidad. Discutir la nueva ley o el Libro Blanco habría sido discutir de verdad los principios políticos del derecho a la vivienda digna y las diferencias que se marcan entre los partidos progresistas y los conservadores.

Oriol Bohigas es arquitecto.