"Regularizar casas ilegales acaba con la esencia del urbanismo"

El fiscal de Medio Ambiente de Cádiz, Ángel Núñez, saluda en su memoria de 2006 la llegada de la primera orden de derribo en una sentencia de la Audiencia Provincial sobre construcciones ilegales. En su resumen de 2005 alertaba de que la ausencia de estas decisiones por parte de los jueces favorecía las actuaciones irregulares de particulares. Núñez se vuelca ahora en denunciar la pasiva actitud de las administraciones, sobre todo las locales, para poner fin al descontrol urbanístico.

Pregunta. ¿Cuál es el motivo de la incapacidad de las administraciones para hacer cumplir con la legalidad urbanística?

Respuesta. En algunas ocasiones, es una negligencia o una deliberada voluntad de incumplir las normas urbanísticas. En otras ocasiones, sin duda, se pone de manifiesto la falta de medios y, tal vez, en otras aparezca la voluntad de no querer asumir costes políticos.

"Hay mecanismos legales suficientes para poner coto al desmán urbanístico actual"

P. ¿Se puede perseguir esta falta de aplicación de la ley?

R. Existen procedimientos en distintas fiscalías y juzgados, precisamente por conductas omisivas. El Tribunal Supremo da pie a la imputación de prevaricación en casos de omisión y a mí me consta de que en las provincias de Cádiz y Sevilla hay procedimientos abiertos por esta naturaleza.

P. Usted afirma que se están creando bolsas de impunidad. ¿La actuación de los políticos favorece las prácticas ilegales?

R. No es un problema de jurisprudencia. Hay mecanismos legales suficientes para poner coto al desmán urbanístico al que estamos asistiendo. En la medida que se está produciendo una especial actuación de los tribunales en esta materia, yo espero que las administraciones asuman sus competencias

P. ¿Puede ser ya demasiado tarde?

R. Los procesos de regularización brutales a los que hemos asistido dan cuenta de que algunos fenómenos de deterioro del suelo son irreversibles. De lo que se trata es de terminar con este fenómeno que afecta a un bien escaso.

P. Municipios como Chiclana han optado por ambiciosos planes de regularización de viviendas ilegales, ¿cómo los analiza?

R. La experiencia demuestra que ese tipo de planes acaba con la esencia de lo que debe ser el urbanismo que es el planeamiento hacia el futuro y no regularización de lo realizado en el pasado al margen de las normas jurídicas, y por otra parte, en los casos que ha habido regularización, a lo que han dado es que 10 metros más allá de donde se regularizan construcciones comienzan otras ilegales. Quien realiza estas construcciones acaba convirtiéndose en un grupo de presión que trata de coaccionar a la Administración exigiendo servicios públicos, equipamientos, viales...

P. Entonces, ¿la regularización no es la solución?

R. En determinados momentos la regularización se impone como irremediable. Lo que tenemos que conseguir es que no tengamos que llegar a esa situación en la que, además, cada vez intervienen más sujetos: inmobiliarias, técnicos, intermediarios...

P. ¿Y cuál sería la solución ideal?

R. Desde luego imponer el imperio de la ley como existe en el resto de la vida social. La represión penal es el último instrumento. Nosotros actuamos cuando han fracasado el resto de los elementos del ordenamiento urbanístico. El problema es que ahora no están interviniendo los primeros escalones que, en primera instancia, son los ayuntamientos.

P. Usted alertó de la falta de órdenes de demolición en su memoria de 2005. En 2006 la Audiencia Provincial ha empezado a atender su demanda. ¿Cómo la ha recibido?

R. Me parece fundamental porque se fomenta un efecto preventivo que debe ser el mayor éxito para nosotros. No sólo se está dando en Cádiz. Ya otras audiencias como Sevilla, Jaén o Almería han llevado sentencias con orden de derribo. Es lo que puede hacer cambiar la dinámica de la situación.