Entre el sillón y el banquillo

A las elecciones del próximo domingo concurren, al menos, 40 alcaldes que pese a estar imputados en asuntos judiciales aspiran a la reelección. Cuatro decenas de regidores que representan el 5,2% de los 770 que gobiernan en Andalucía. Los hay acusados por usar más de la cuenta el teléfono móvil oficial para llamadas personales (el de Puebla del Río, Sevilla), por comprar entradas para los toros con dinero del Ayuntamiento (Huércal Overa, Almería) y por acoso moral a una compañera (Chipiona, Cádiz). Pero en la mayoría de los casos, las imputaciones corresponden a acusaciones por malversación de caudales públicos y, sobre todo, por delitos urbanísticos (27 de los 40 alcaldes).

¿Es la corrupción urbanística la gran lacra de la política municipal? Para Fernando Jiménez Sánchez, autor del estudio Incidencia de la corrupción en la democracia, incluido en el Informe sobre la democracia en España que acaba de publicar la Fundación Alternativas, la corrupción política es "un subproducto" de un problema mucho más grave: la especulación inmobiliaria y la apuesta por el crecimiento urbanístico como principal instrumento para financiar a los ayuntamientos.

Jiménez Sánchez, profesor titular del departamento de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad de Murcia, cree que en la mayoría de los casos los alcaldes que acaban siendo corruptos no llegaron al cargo con esa intención. Simplemente, les fue difícil resistirse a la tentación. "El Ayuntamiento es la administración más cercana a los ciudadanos y eso siempre les pone en la necesidad de tener que cumplir con las demandas de sus vecinos. Eso les lleva a buscar la forma de ingresar dinero y al final, caen".

Al analizar la lista de alcaldes imputados se aprecia que la mayoría de ellos gobiernan en municipios pequeños, donde los controles son menores. No obstante, Jiménez Sánchez advierte de que los controles en los Ayuntamientos españoles no son "muy eficaces". Entre otras cosas, porque se recurre excesivamente al control jurídico. "Y la vía del contencioso administrativo tiene muchos problemas de eficiencia y si no funciona bien se crea un clima de impunidad que es un caldo de cultivo para la corrupción".

Los programas electorales regionales de PSOE, PP, IU y PA contemplan medidas para mejorar la "transparencia" en la gestión urbanística. PSOE y PP proponen elevar al pleno todos los convenios urbanísticos (ahora los aprueba sólo el equipo de gobierno) y publicarlos en Internet. Además, los cuatro apuestan por hacer público el patrimonio de todos los altos cargos al principio y al final de cada mandato. IU incluso aboga por no utilizar el urbanismo para financiar a los Ayuntamientos.

Para Susana Corzo, profesora de Ciencia Política en la Universidad de Granada, no hay, sin embargo, una voluntad política real de acabar con la corrupción. "Hay más interés en destapar corruptelas de políticos, para dañar al adversario durante la campaña electoral, que una voluntad responsable de acabar con la corrupción", advierte. En su opinión, los políticos "confunden" la labor judicial de perseguir a los corruptos "con la función política de empezar a erradicar, de raíz, la corrupción".

Las propuestas electorales de los partidos para acabar con esta situación son, según Corzo, "improvisadas e ineficaces". Tampoco gustan al profesor Jiménez Sánchez, quien considera que la mayoría son de "cara a la galería" y que la lucha contra la corrupción debería abarcar desde la educación ("el respeto hacia lo público") a más medidas de control técnico.

Además, según el profesor de Ciencia Política y de la Administración, habría que empezar por "clarificar las competencias" de los Ayuntamientos, "mejorar" la estructura de los ingresos municipales y que las comunidades autónomas "asuman la responsabilidad que tienen en política urbanística". "La nueva ley andaluza de Suelo va en esa dirección. A ver si se aplica bien", señala Jiménez Sánchez.