El fiscal antiterrorista dice que la crispación y las críticas han impedido avanzar contra ETA

El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, afirma en la memoria anual de su fiscalía, que tiene encomendada lucha antiterrorista, que la crítica permanente a la acción judicial, "con acusaciones tan sonoras como infundadas de cesión, pasividad o inactividad", han contribuido a crear un clima de desconfianza que ha dañado la política antiterrorista. Pese a esas dificultades, la actuación de la fiscalía "goza de buena salud", y durante el pasado año ha formulado 102 escritos de acusación contra etarras, el triple que entre 1999 y 2005.

Según el fiscal jefe Antiterrorista, Javier Zaragoza, "las dificultades que se han suscitado en torno a la política antiterrorista han impedido mayores avances en el proceso de disolución y entrega de las armas por la banda criminal ETA". Esas dificultades son, de una parte, el mantenimiento por parte de ETA de una dinámica criminal de menor intensidad pero "absolutamente incompatible" con el rechazo de la violencia y que no ha permitido acreditar la voluntad de la organización terrorista de liquidar de una vez y para siempre su trayectoria criminal.

De otro lado, el fiscal lamenta que "la crítica permanente", con acusaciones de "cesión, pasividad o inactividad", han contribuido a crear un clima de crispación y de desconfianza en las instituciones, "alentado por algunos sectores mediáticos", que inevitablemente ha dañado la unidad y el diálogo en la política antiterrorista.

Sin embargo, el fiscal jefe afirma que la acción del sistema judicial en su conjunto ha sido "firme y contundente", como lo prueba que la fiscalía formuló durante el pasado año 102 escritos de acusación contra 227 etarras, cifra que triplica las acusaciones de años precedentes desde 1999 (año de la anterior tregua de ETA) y duplica la cifra de acusados frente a los años 1999 y 2005.

En 2006, año de referencia de la memoria, se celebraron 89 juicios relacionados con ETA en los que fueron juzgados 200 acusados. Se dictaron 79 sentencias contra 145 individuos, de los que 115 resultaron condenados y 30 absueltos. El total de penas impuestas superó los 7.000 años: sólo el histórico dirigente del comando Vizcaya Juan Carlos Iglesias Chouzas, Gadaffi, recibió más de 1.200 años de prisión por 20 condenas, seguido de Francisco Javier García Gaztelu, Txapote, Asier Arzalluz Goñi, Gregorio Vicario y Belén González Peñalba.

En 2006 se produjeron 36 licenciamientos definitivos por individuos condenados por delitos de terrorismo, en todos los casos por cumplimiento íntegro de las penas, y se aplicó la doctrina Parot (cumplimiento sucesivo de penas hasta el límite efectivo de los 30 años) a 13 etarras, "cuyas fechas de cumplimiento se han retrasado considerablemente". No se aprobaron en ningún caso redenciones extraordinarias ni se concedió ningún tercer grado a penados por terrorismo y sólo se concedió la libertad condicional por cumplimiento de las tres cuartas partes de la pena en aplicación del artículo 92 del Código Penal (enfermedad grave).

A lo largo de 2006 se perpetraron 18 atentados terroristas por ETA, 17 de ellos sin víctimas mortales y el de la T-4 de Barajas, con el asesinato de dos ciudadanos ecuatorianos. En ese año fueron detenidos 46 presuntos etarras, 20 de ellos en España y 26 en Francia. Un parte sustancial de esas detenciones, 11 en España y 7 en Francia, se produjo en junio de 2006, contra el aparato de extorsión de ETA. Otros seis fueron detenidos en Francia por su relación con el robo de una importante cantidad de armas.

También se contabilizaron 145 acciones de terrorismo callejero, lo que supone un incremento del cien por cien respecto al año anterior. Siete etarras fueron entregados temporalmente por Francia para ser juzgados en España y otros 16 fueron extraditados por Francia, México y Reino Unido.

Terrorismo islamista

Respecto al terrorismo islamista, la memoria destaca que en 2006 fueron detenidas 56 personas, la mayor parte de ellas por captación, reclutamiento y envío de mujahidin para combatir en la guerra de Irak.

La fiscalía presentó ocho escritos de acusación, contra 64 individuos, entre ellos el del 11-M en el que la acusación se dirige contra 29 personas.

El reconocimiento de que el terrorismo islamista es la principal amenaza para la sociedad occidental ha propiciado la creación de equipos conjuntos de investigación entre las fiscalías de la Audiencia Nacional y de París, de un protocolo de colaboración con Marruecos y de puntos de contacto con Estados Unidos y Reino Unido, así como la aplicación de la doctrina de la prueba indiciaria en causas por terrorismo yihadista.