La juez autoriza que se investiguen cuentas y cajas de seguridad de Fabra y su familia

La titular del Juzgado número 1 de Nules (Castellón) ha autorizado a los peritos a que investiguen todas las cuentas bancarias en las que el presidente de la Diputación de Castellón y líder del PP provincial, Carlos Fabra, aparezca como titular, autorizado o apoderado entre 1999 y 2004. La investigación se amplía, como admitió la Audiencia Provincial, a toda la familia del imputado por tráfico de influencias, cohecho, negociaciones prohibidas y un posible fraude fiscal. La instructora del llamado caso Fabra ha extendido la investigación a las tarjetas de crédito y cajas de seguridad.

Los inspectores peritos que se hicieron cargo de la investigación del caso después de la denuncia de la Agencia Tributaria por fraude fiscal solicitaron a la juez el acceso tanto a la documentación de la que dispusiera Hacienda como a los extractos de las cuentas bancarias privadas. Sin embargo, en un primer momento, la juez sólo autorizó el acceso a la información que se encontraba en los archivos públicos. Ésta, que concentra la documentación fiscal de Fabra, su familia y sus empresas, ya fue remitida al juzgado.

Sin embargo, las partes aún no han tenido acceso a ella. En el auto de ayer, la juez anuncia que toda la documentación se encuentra ya a su disposición en la secretaría del juzgado pero que "deberán ser las partes las que comparezcan con los medios técnicos que consideren convenientes para obtener las copias, debido a la sobrecarga de trabajo que sufre la oficina judicial y a lo voluminoso de esta documentación", según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. A esta documentación se adjuntará la que remitan los bancos, después de la autorización para que los inspectores accedan también a los movimientos en las cuentas de las seis personas (cuatro hijos y el matrimonio) que conforman la familia Fabra-Fernández.

La sección segunda de la Audiencia señaló hace un año que, tras "sopesar la incidencia que el alcance de la investigación ha de tener en el ámbito patrimonial de los hijos (...) nos encontramos ante delitos por cuya naturaleza y características no es infrecuente que el eventual lucro obtenido trate de ocultarse en la esfera familiar, por lo que la diligencia en los términos en que ha sido acordada se hace absolutamente inevitable". Con esta decisión la Audiencia permitía que la investigación, que entonces se limitaba a Fabra, se extendiera a toda su familia y además abarcara el período entre los años 1999 y 2004.

Tras varios meses sin interrogatorios, la juez parece haber retomado la ejecución de estas pruebas. Hace un año, el día anterior a la fecha fijada para la declaración de cuatro ex ministros del Gobierno de José María Aznar en calidad de testigos, tres de ellos, Celia Villalobos, Miguel Arias Cañete y Jesús Posada, solicitaron realizar el trámite por escrito, privilegio que les otorga su condición de haber sido miembros del Gobierno. Todos ellos debían contestar a cuestiones relacionadas con las gestiones realizadas por Fabra ante los ministerios de Sanidad y Agricultura donde, según la acusación, el líder del PP trataba de que se agilizasen las autorizaciones de fabricación de productos fitosanitarios a cambio de "cantidades millonarias" procedentes de los fabricantes.

Preguntas por escrito

La petición de Villalobos, Arias Cañete y Posada fue aceptada por la juez, con lo que las partes redactaron sus preguntas para que éstos contestaran por escrito. Sin embargo, no ha sido hasta ahora cuando el juzgado ha dictado un auto por el que ordena la remisión a Madrid de las preguntas. Mientras, sólo el cuarto ex ministro que aparece en las diligencias, Juan Costa, ha acudido al juzgado donde dijo no recordar nada, pese a que participó en una de las reuniones en las que se habló de productos concretos.

La juez del número 1 de Nules notificó también ayer la suspensión de la declaración, prevista para el viernes, de Alfredo Timmerman, ex jefe de gabinete de José María Aznar, ante la imposibilidad de encontrarlo. Según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, el exhorto enviado a los juzgados de Madrid para la citación del testigo en el domicilio facilitado por la policía indica que Timmerman "no reside en dicha dirección desde hace dos años, por lo cual ha sido imposible realizar la citación".