Tierras limpias

El paulatino crecimiento de los núcleos de población y la consiguiente demanda de suelo urbanizable obligan, cada vez con más frecuencia, a la recalificación de terrenos previamente de uso industrial. Esta circunstancia, sumada a la aplicación del Real Decreto 9/2005, que exige a los propietarios de terrenos donde se hayan realizado actividades potencialmente contaminantes presentar estudios de calidad medioambiental a las Administraciones autónomas, hace que la remediación de suelos cobre actualidad.

Pero ¿qué significa exactamente ese término? Por remediación se entiende el empleo de una serie de técnicas cuyo objetivo es reducir la presencia de productos contaminantes, o potencialmente contaminantes, de un suelo por debajo de las concentraciones que puedan generar un riesgo para la salud de las personas o el medio ambiente. Es realizada por empresas especializadas, y su finalidad última es adecuar el terreno para futuros usos, cumpliendo con los requisitos de la legislación.

Por remediación se entiende el empleo de técnicas para reducir la presencia de productos contaminantes

En los suelos en los que se han llevado a cabo actividades industriales es posible que se hayan depositado, filtrado o vertido sustancias tóxicas, que permanecen durante años, degradan la calidad del suelo y de las aguas subterráneas, y pueden migrar en el subsuelo a grandes distancias, con el consiguiente riesgo potencial para la salud de las personas que van a ocupar ese suelo o utilizar el agua extraída de los pozos. Los contaminantes más frecuentes son los derivados del petróleo, especialmente combustibles y disolventes, los metales y diferentes compuestos químicos de uso habitual en la industria.

El proceso de remediación comienza cuando, tras una auditoría previa, se detecta la presencia potencial de agentes contaminantes en el suelo, y se efectúa una investigación en detalle por medio de catas y sondeos para identificar los compuestos, conocer las concentraciones en las que se encuentran, delimitar la extensión de las zonas afectadas y, lo más importante, caracterizar los posibles riesgos. Si en este análisis se identificasen riesgos para la salud y el medio ambiente, se deberá activar el proceso de remediación, que, partiendo de las fases previas mencionadas, incluirá la elaboración de un proyecto y la realización de las obras de tratamiento de los suelos y aguas afectadas.

En la actualidad, el rango de soluciones disponibles es muy amplio, desde técnicas convencionales de excavación hasta otras más novedosas de biorremediación in situ, que permiten la degradación de los contaminantes por la actividad de las bacterias del medio.

Los costes varían en función de la tipología, riesgos y extensión del contaminante, de la técnica de remediación, de si se encuentran o no afectadas aguas subterráneas y de los plazos marcados. Las inversiones son progresivas: la auditoría medioambiental inicial no supera habitualmente los 6.000 euros, y la investigación detallada oscila entre 20.000 y 50.000 euros. Por su parte, los gastos de la obra de remediación son más variables, pero incluso en los casos de recalificación de terrenos industriales en los que los objetivos son más exigentes, éstos no superan un pequeño porcentaje de la plusvalía generada por la recalificación del terreno.

Son varias las claves del éxito de un proyecto de remediación, pero sin duda entre las más importantes podemos citar el que la investigación inicial se lleve a cabo en fases tempranas de la operación urbanística (incluso cuando la actividad industrial esté aún vigente) y que esa investigación sea lo suficientemente exhaustiva para que el emplazamiento quede correctamente caracterizado, evitando en fases posteriores de la obra imprevistos, sobrecostes y retrasos en la construcción. Una correcta caracterización del emplazamiento permite, además, evitar los riesgos que la presencia de determinadas sustancias puede comportar para la salud.

Pedro Verzier es director de URS España.