Examen final

Es la recta final. Casi, casi, la última prueba. La Comisión Nacional de la Energía (CNE) examina ya la documentación de la oferta de compra (OPA) conjunta presentada por el grupo energético italiano Enel, participado por el Estado italiano en un 31%, y la española Acciona para asumir el control de Endesa. Si no hay sorpresas, algo que ha sido lo habitual durante 20 meses, la CNE aprobará la oferta hispano-italiana de 41,3 euros por acción de Endesa en torno al mes de julio. Pero lo hará con condiciones. Incluso con condiciones duras.

La resolución del regulador del pasado 26 de abril, por la que autorizó a Enel a adquirir hasta el 24,9% de las acciones de Endesa, da algo más que una pista de por dónde van las preocupaciones y cautelas de la CNE. Una frase se repite a lo largo de los centenares de folios de la resolución: la luz verde condicionada para Enel se concede porque con el 24,9% de Endesa, Enel adquiere "una influencia significativa" en la compañía eléctrica española, pero no una "influencia decisiva de control conjunto, ni mucho menos exclusivo". Si eso cambia, advierte la CNE -y cambiará si la OPA con Acciona llega a su término-, las condiciones impuestas a Enel en abril "deberían ser objeto de revisión". ¿En qué sentido? "En el que sea coherente con las decisiones adoptadas hasta ahora", señalan fuentes de la CNE. En suma, vía libre a la operación que ha hecho correr ríos de tinta desde septiembre de 2005, pero con el cristal de aumento encima y la rienda bien sujeta.

El Gobierno español, que debía autorizar la entrada de Enel en Endesa sin las limitaciones a empresas extranjeras, no atendió a la CNE

En la recta final del proceso, quien no tiene dudas de que todo discurre bien es Enel. Cree que su acuerdo con Acciona le salvaguarda

Las condiciones impuestas a Enel para alcanzar hasta el 25% del capital de Endesa, un total de ocho, tienen un núcleo fundamental: la posibilidad de revocar decisiones de Enel en el consejo y la junta de accionistas de Endesa y la obligación, por parte italiana, de informar "de forma detallada" acerca de la estrategia del grupo Enel en Endesa "en la medida que pueda afectar al interés general o la seguridad pública españoles". En esa línea de controlar al máximo a la nueva propiedad de Endesa, la CNE recomendó al Ejecutivo español que se reservara el derecho de veto ex post sobre las decisiones que se pudieran tomar en Endesa para garantizar que en Enel "no prima los intereses propios de la sociedad matriz y del Gobierno italiano en la adopción de decisiones estratégicas que afecten a la actividad de Endesa relacionada con la seguridad pública española".

El Gobierno español, que por la legislación aún vigente -decreto Rato- de 1999 debía también autorizar la entrada de Enel en Endesa sin las limitaciones previstas (3%) para empresas extranjeras de capital público, no atendió la recomendación de la CNE en su decisión del 27 de abril. El Ejecutivo español sólo exigió a Enel la obligación de informar de sus decisiones.

Tras las preocupaciones de la CNE, que según fuentes del organismo seguirán estando presentes en sus futuras decisiones, está el papel que el Gobierno italiano desempeña en Enel. "No se trata", señalan fuentes del organismo, "de cuestionar la participación pública en Enel, algo que la legislación comunitaria no permite, sino de poner de manifiesto que el Ejecutivo italiano, por los estatutos en vigor en Enel, dispone de una verdadera acción de oro en el grupo, que sí es cuestionable".

Efectivamente, y según recogía ya la resolución de abril de la CNE, los artículos 6.1 y 6.2 de los Estatutos de Enel confieren al Gobierno italiano y al Ministerio de Economía y Finanzas amplios poderes en el grupo energético. Tan amplios que llegan al "veto sobre cambios relevantes" que pudieran producirse en el grupo. "Eso es lo cuestionable".

Así pues, la opinión más extendida, tanto en la CNE como en las propias empresas afectadas, es que el regulador español no variará su posición en el documento cuyo ponente será el consejero Luis Albentosa. Otra cosa será lo que finalmente decida el Gobierno. Formalmente, la decisión que tome la CNE sobre la OPA de Endesa es vinculante para el Gobierno. Pero como destaca una fuente de la Comisión, cualquier decisión del regulador, por vinculante que sea, es recurrible en alzada ante el Ministerio de Industria. Y éste, como ya se demostró en el caso de la OPA de E.ON sobre la eléctrica española, cuando suavizó las condiciones recomendadas por la CNE, es quien finalmente baraja todos los naipes de la partida -intereses nacionales, legislación comunitaria, intereses empresariales y cuestiones políticas- para intentar ganar la mano.

En la recta final del proceso, quien no tiene dudas de que todo discurre bien es el grupo Enel. Fuentes de la compañía italiana creen que su acuerdo con la española Acciona garantiza que el Gobierno no pondrá obstáculos insalvables a la OPA.