Urbanizaciones ilegales fuera de campaña

El domingo 18 de mayo de 2003 los candidatos de PP, IU y PSOE en Córdoba lanzaron sus promesas electorales sobre las parcelaciones, los terrenos de las afueras divididos ilegalmente para construir casas al margen del ordenamiento. El nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) ya se había aprobado y la mayoría de esas edificaciones estaban contempladas como legalizables. El problema que había, y que sigue existiendo hoy, era que ese PGOU negaba una futura regularización a las casas del entorno protegido de Medina Azahara, de la vega del Guadalquivir y de la sierra. El PGOU dejaba la puerta abierta a que en esos casos se les pudiera dotar de servicios mínimos a través de un plan que tiene que recibir el visto bueno de la Junta o el Gobierno central. En estos cuatro años, en ninguna de estas urbanizaciones se ha instalado el alcantarillado ni el agua, aunque se han iniciado los trámites en algún caso.

El partido que puso los dientes más largos a los dueños de estas casas irreconducibles fue el PP. Rafael Merino, entonces candidato popular, prometió que modificaría el PGOU para solucionar todos sus problemas. Lo hizo aquel domingo de 2003 en una parcelación acompañado de Teófila Martínez, entonces presidenta del PP andaluz, y Antonio Sanz, secretario general de los populares en la región. Por su parte, Rosa Aguilar (IU), que llevaba cuatro años gobernando, prometió agua y alcantarillado para todas. El PSOE fue más duro y acusó a sus rivales de incitar a la gente a cometer ilegalidades.

Rosa Aguilar (IU) venció en los comicios de 2003. Cuatro años después la mayoría del centenar de urbanizaciones ilegales (que albergan unas 6.000 casas) está inmersa en un proceso de regularización, que costean los propietarios. El problema pervive en aquellas a las que el PGOU niega la legalización y a las que PP e IU prometieron servicios básicos. Ambos partidos aprobaron inicialmente un plan para una de las parcelaciones del entorno de Medina Azahara en 2006. Pidieron a la Junta que redujera la protección de este Bien de Interés Cultural (BIC) para que las casas pudieran tener servicios básicos. El Parlamento andaluz contestó con una moción en la que se instaba a la protección del monumento dentro de los límites legales actuales.

De momento, los candidatos de PP, IU y PSOE en Córdoba están pasando de puntillas por este asunto. El cambio más evidente se ha producido en el PP. José Antonio Nieto, el nuevo alcaldable de los populares, se reunió con los parcelistas a finales de abril y, según su equipo, no tiene previstos más encuentros. Aquella reunión no tuvo repercusión en los medios.

Posteriormente, Nieto ha asegurado que a su formación no le "temblará la mano para ordenar el derribo de las nuevas parcelaciones ilegales que se detecten" en el futuro. Añadió que, si gana las elecciones, se creará una mesa para preservar zonas como Medina Azahara y resolver la situación de las urbanizaciones. Por su parte, el número dos de la lista de IU, Andrés Ocaña, dijo ayer que la solución al problema de las parcelas irreconducibles está en el PGOU, en la dotación de servicios mínimos a través de planes de mejora. Estos planes, reconoció Ocaña, tienen que tener el visto bueno de, por ejemplo, la Junta de Andalucía. En el caso de Medina Azahara, la Consejería de Cultura se niega a dar vía libre y ha propuesto el traslado de los vecinos.

Por último, Rafael Blanco, candidato del PSOE, afirmó que hay que encontrar una solución a este problema, pero que no pasa "por cambiar la ley". En su programa electoral sólo se hace referencia a las urbanizaciones de la sierra para prometer un plan de "control y paralización" de este fenómeno.