Los promotores de 'Ja en tenim prou' recurrirán a los tribunales

Ca Revolta y el colectivo ciudadano que ha promovido la película Ja en tenim prou acudirá a los tribunales para defender su derecho a difundirla, despues de que la Junta Electoral Central ampliara el martes la censura impuesta por la junta autonómica valenciana. Una decisión que diversas fuentes consultadas ayer no dudaron en calificar como "disparatada" y como un "despropósito".

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Los directores, guionistas, escritores y representantes de colectivos sociales valencianos que promovieron la película Ja en tenim prou se reunieron ayer en Ca Revolta para estudiar su estrategia ante la decisión de la Junta Electoral Central de ampliar la censura que la semana pasada estableció su homónima valenciana. "Es un despropósito absoluto, porque con esta decisión los ciudadanos entramos en una especie de estado de excepción durante el periodo electoral, de manera que no podemos opinar". Así se expresaba ayer en torno al asunto Xurxo Estévez, portavoz de Ca Revolta. "Somos un grupo cívico, ciudadanos que quieren expresar una opinión crítica", añadió Estévez, que se preguntó: "¿Es que sólo los partidos políticos pueden expresarse? ¿Toda crítica que hagas tiene que suspenderse porque puede orientar el voto? Si es precisamente por eso por lo que hicimos la película". Los promotores de Ja en tenim prou estudian la posibilidad de defender por la vía judicial su derecho a difundir su película. "Sería muy bonito que algún juez aclarara si es que los ciudadanos no podemos expresar opiniones", dijo Estévez.

Diversas fuentes consultadas ayer por EL PAÍS sobre la decisión de la Junta Electoral Central coincidieron en calificarla como un "disparate jurídico" y un "error político". El profesor Manuel Martínez Sospedra señaló que los promotores de Ja en tenim prou no son una persona jurídica y que es imposible discriminar cuando una persona física da una opinión, cuándo es campaña y cuándo no lo es y advirtió de que, con el mismo criterio, podría ser punible la publicación en un periódico de un artículo editorial crítico.

Por su parte, Manuel Mata, del PSPV, consideró que no es malo que la junta diga que sólo pueden hacer campaña los partidos políticos y aludió a una campaña, prohibida en su día, en la que la patronal COE criticaba la gestión del presidente andaluz, Manuel Chaves. "Porque quien tiene dinero, tiene capacidad para pervertir el asunto", dijo Mata, quien matizó: "Otra cosa son los trabajos intelectuales y de creación y si alguien se considera que le falta al honor, tiene la posibilidad de recurrir a los jueces".

La decisión también fue objeto de críticas políticas. El candidato del PSPV, Joan Ignasi Pla, dijo que "hay que respetar" la decisión, aunque lamentó que el PP haya utilizado la junta, un instrumento pensado "para preservar las reglas del juego" para "coartar la libertad de expresión".

Por su parte, Glòria Marcos, coordinadora de Esquerra Unida y candidata de Compromís pel País Valencià, manifestó su "disconformidad" con la decisión. Dijo que la acata, pero que no la puede compartir "entre otras razones porque se trata de una iniciativa cívica de ciudadanos que tienen derecho a expresar su opinión sobre la situación del país". Y agregó que la difusión de la película "no llegará nunca a compensar la propaganda ilegal y desvergonzada que, a lo largo de la legislatura, ha realizado Canal 9 de manipulación, laminación de las minorías y de ataque a la pluralidad política y social del País Valenciano".

Por otra parte, la Junta Electoral de la Comunidad Valenciana aprobó ayer la propuesta de su comisión de radio y televisión sobre la distribución de tiempo gratuito de propaganda electoral en medios de comunicación audiovisuales públicos. Por lo que se refiere a los espacios gratuitos que deben ceder TVE y RNE, la propuesta aprobada es provisional hasta que la Junta Electoral Central se pronuncie sobre las franjas de espacios gratuitos.