Una juez archiva el caso de 'okupación' de Urgell y critica al denunciante

Una juez de Barcelona ha archivado de manera definitiva la denuncia de una supuesta víctima de la okupación -en la barcelonesa calle d'Urgell- que nunca lo fue. Carles Veiret acudió al juzgado para que se actuase contra unos intrusos en un piso de su propiedad, pero al final ha resultado que la realidad era bien distinta y que el denunciante cobraba dinero a los inquilinos que ocupaban un piso abandonado en una de las diversas propiedades que posee.

Cuando la maquinaria judicial se pone en marcha resulta imparable y , al cabo de un tiempo más o menos prolongado, se aclaran los hechos. Y eso es lo que ha sucedido con la denuncia que Carles Veiret presentó hace cuatro meses, cuando acudió a denunciar que en un inmueble de su propiedad situado en el número 72 de la calle de Urgell de Barcelona habían entrado unos intrusos.

Asesorado por la diputada del PP Montserrat Nebrera, según confesó el propio Veiret, éste acudió a algunos periódicos a explicar su historia y aparecer como una víctima del movimiento okupa, al que tanto detesta el citado partido conservador. Se llenaron páginas de periódicos, minutos de radio y televisión, y ahora ha resultado que todo era falso. La magistrada Maria Josep Feliu, titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Barcelona, acordó ayer el sobreseimiento libre del caso. O sea, su archivo definitivo, una medida que se adopta en muy pocas ocasiones, ya que lo habitual es el sobreseimiento provisional.

La juez explica en su resolución que adopta esa decisión porque los inquilinos de la vivienda no cometieron ni el delito de usurpación ni el de defraudación del que les acusaba el propietario, que designó como abogado a su hermano y pretendía sentar en el banquillo de los acusados a sus inquilinos.

Relata la juez que los hermanos Veiret arrendaron la vivienda, que estaba deshabitada, a una mujer a cambio de una cantidad de dinero y que ésta permitió a otros tres inquilinos que permanecieran unos días en el piso. Era "un hecho conocido por los copropietarios del inmueble. En concreto, el denunciante y su hermano, que incluso cobraban la renta a dichos ocupantes", dice la resolución judicial. Alguno de éstos, a su vez, volvió a alquilar la vivienda a otra persona, a la que se le exigió un depósito de 600 euros y la renta mensual.

Abandono voluntario

Cuando los inquilinos supieron de la denuncia de Veiret en el juzgado abandonaron la vivienda sin necesidad de ser desalojados, excepto el último inquilino, que pretendía recuperar el dinero pagado. Por todo ello, la juez concluye que nunca hubo delito y la maquinaria judicial se detiene, a la espera de si se recurre contra la decisión judicial.

Un portavoz del movimiento okupa se felicitó ayer por la resolución judicial y cargó contra algunos medios. "El caso se utilizó desde el prinicipio para generar alarma social y pedir mano dura contra los okupas. Fue un asunto manipulado intencionadamente para ponerse del lado del denunciante y de los intereses de las inmobiliarias", explicó el portavoz.