El juez del caso de Armilla plantea a los peritos la posible demolición del centro comercial

El juez instructor del caso del centro comercial Parque Nevada en Armilla (Granada), Miguel Ángel del Arco, ha solicitado a los catedráticos y expertos que elaboran la prueba pericial del complejo, que dictaminen si es conveniente su demolición en caso de ser declarado ilegal. Los peritos también deben evaluar "las alternativas a su derribo total" y el importe económico que supondrían dichas propuestas. Mientras, el magistrado ha acusado a dos abogados de presunta prevaricación, por lo que ya son diez las personas imputadas en el caso.

El fantasma del derribo planea sobre el centro comercial del promotor Tomás Olivo ante "las infracciones urbanísticas manifiestas y notorias" cometidas en la construcción del complejo y denunciadas por el magistrado titular del Juzgado de Instrucción 6 de Granada, Miguel Ángel del Arco, en un exhaustivo auto.

El juez ha pedido en una providencia a un grupo de peritos, expertos y catedráticos universitarios que dictaminen sobre "la posibilidad de acordar la demolición de la obra" para restablecer "el orden jurídico perturbado". La solicitud del dictamen se produce tras la inspección de las partes sobre el terreno y el informe emitido por el Seprona, y debe recomendar la mejor opción en caso de que el complejo sea declarado ilegal en sentencia definitiva: "Derribar un tercio, la mitad, suprimir una planta, partirlo en dos dejando un vacío público en medio, de manera que se conectasen los espacios naturales a un lado y otro del Parque", sugiere el juez como distintas posibilidades.

Los expertos deben determinar si se puede restaurar la legalidad urbanística sin provocar un daño mayor del ya causado por el colosal complejo. El trabajo que afrontan los peritos será muy minucioso, y los extremos propuestos evalúan los informes jurídicos, técnicos y ambientales que han condicionado su polémico volumen y los supuestos excesos de edificabilidad que presenta.

El juez ya decretó la paralización de las obras hace dos semanas debido a una "vulneración casi continua de las normas y una distorsión del modelo urbano previsto, basadas en una patente ilegalidad", pero ahora persigue que los peritos realicen un examen más detallado del complejo. De este modo despejará todas las dudas sobre su estructura y espinosa tramitación, iniciada en 1996 y que ha contado con múltiples y contradictorios informes jurídicos.

En la propuesta del juez destacan la evaluación en la afección de zonas verdes y cauces públicos, el "indiciario" delito sobre la ordenación del territorio, y los informes ambientales "dado la notable influencia" del complejo en el entorno y los servicios urbanos. La providencia pone el acento también sobre el Plan General diseñado por el Ayuntamiento de Armilla, cuyos responsables ignoraron el informe del abogado municipal contrario a las obras: "Se dictamine si dicho PGOU daba o intentaba dar cobertura a las posibles irregularidades o inobservancias expuestas por los técnicos del ayuntamiento y de la Delegación de Obras Públicas".

Asimismo, los expertos deberán pronunciarse sobre el posible delito de desobediencia grave a la autoridad judicial cometido por Olivo, imputado en la causa, al exceder las obras de seguridad permitidas.

Mientras, el juez ha imputado a la abogada de la Diputación de Granada, con iniciales R. Y. M., y al abogado de un bufete privado, F. M. R., un delito de supuesta prevaricación urbanística por redactar informes favorables a la construcción del centro comercial. Dichos letrados realizaron el encargo del consistorio tras esfumarse del expediente un informe contrario a las obras realizado por el abogado municipal José Luis Santana.

El juez también investiga las operaciones financieras de una red de sociedades vinculada entre otros a Olivo y el promotor José Ávila Rojas, ambos imputados en la operación Malaya, el alcalde de Armilla, José Antonio Morales (PSOE), y el ex concejal de Urbanismo, Gabriel Cañavate. Ambos cargos socialistas declaran hoy ante el juez.