Banalizar el saqueo

La mayor parte de los casos de corrupción pública ocurridos en España y en la mayor parte de los países de nuestro entorno en los últimos años ha estado vinculada a la financiación irregular de los partidos políticos. De ahí la significación que adquiere la nueva ley de financiación de los mismos, que se está gestando. Atinar con la misma es poner trabas a esta excrecencia del sistema y mejorar la percepción del mundo de la política.

Básicamente, ha habido tres vías de apoderamiento del dinero por parte de las formaciones políticas, que han utilizado esta vía irregular y corrupta para financiarse y estar en mejores condiciones de competir que sus adversarios: la obtención (directa o indirecta) de donativos procedentes de grandes empresas; la condonación por parte de bancos y cajas de ahorro de las deudas crediticias de los partidos; y la utilización de las administraciones públicas bajo control partidario, en sus diferentes niveles, para el desvío de fondos.

Desde hace algún tiempo, sobre todo desde la emergencia de la corrupción urbanística al primer plano en detrimento de otras fórmulas (la corrupción es una práctica social oculta y, como tal, difícil de percibir, medir y cuantificar), es más complicado saber el destino final del dinero acaparado: si éste va, en su mayor parte, al partido corrupto, o a los bolsillos igualmente corruptos de quienes aparecen como representantes de la formación política.

Hay tres causas al menos, y distintas razones, que explican la importancia que la corrupción urbanística ha adquirido en nuestro país. Las causas: el extraordinario boom de la construcción (más de 800.000 viviendas construidas en 2006, más que en el Reino Unido, Alemania y Francia juntas); los perennes problemas de financiación de las haciendas locales; y los cambios en las estructuras de financiación de unas organizaciones partidistas que parecen depender cada vez más de los fondos que las corporaciones locales destinan al sostenimiento de los grupos municipales. Las razones se pueden resumir del siguiente modo: no es que las autoridades locales españolas sean peores desde el punto de vista moral que las de otros países de nuestro entorno, sino que el marco institucional en el que se lleva a cabo la política urbanística en España genera formidables incentivos para la corrupción, entre otros la enorme repercusión económica de las decisiones públicas (en general, en manos de las autoridades locales) sobre los usos urbanísticos. Por otra parte, los procedimientos de control interno de los ayuntamientos tienen muchas deficiencias y no se han actualizado a la luz de los nuevos usos corruptos que han ido apareciendo. Todo ello está estudiado en el capítulo sobre la incidencia de la corrupción en la democracia, del Informe sobre la democracia en España, de la Fundación Alternativas, cuya investigación ha corrido a cargo del profesor de la Universidad de Murcia, Fernando Jiménez Sánchez.

El desiderátum de estas prácticas corruptas tiene su ejemplo en el Ayuntamiento de Marbella y en la llamada Operación Malaya. En abril de 2006, el Gobierno tomó una decisión sin precedentes en la historia de la democracia: un Consejo de Ministros extraordinario aprobó la disolución del Ayuntamiento marbellí y encargó su administración a una comisión gestora hasta las siguientes elecciones municipales, las del próximo día 27. A pesar de la presencia del presidente de Gobierno la pasada semana, haciendo campaña, todos los sondeos indican que el PP ganará los próximos comicios municipales en Marbella.

En Marbella, verdadero centro de saqueo organizado, una mafia enquistada en el Ayuntamiento obtenía importantes comisiones procedentes de empresarios a cambio de decisiones administrativas (recalificaciones de suelos, licencias administrativas de contratos...) que les favorecían. Los delitos de que se acusa a ese grupo son malversación de fondos públicos, cohecho, tráfico de influencias, maquinación para alterar el precio de las cosas y blanqueo de dinero.

La apropiación privada del Estado en sentido amplio por parte de esta mafia es lo significativo. Lo de la tonadillera banaliza el saqueo.