El Gobierno lanza un plan para ahorrar 10.000 millones al año a las empresas en gastos burocráticos

Abrir un bar de tapas requiere completar 25 licencias, autorizaciones, certificados, comunicaciones o pagos de impuestos que implican a 14 organismos distintos de los tres niveles de la Administración española (central, autonómica y local). Al riesgo económico de iniciar una empresa se le suma la tarea, titánica para muchos pequeños empresarios, de enfrentarse a la burocracia. Una carga que el Gobierno se comprometió ayer a aligerar con un plan que pretende ahorrar a las empresas más de 10.000 millones de euros al año.

El ejemplo del bar de tapas es uno de los que recoge un reciente estudio del Círculo de Empresarios para subrayar como los recursos dedicados a satisfacer a la maquinaria pública penalizan el desarrollo empresarial. En la presentación de este trabajo, hace un mes, el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, recogió el guante y anunció que el Ejecutivo elaboraría un plan para rebajar un 25% las cargas administrativas en España antes de 2012, a imagen de lo que se ha propuesto Bruselas para los procedimientos que se derivan de sus normas.

El Consejo de Ministros dio ayer luz verde a la elaboración del plan, para lo que se ha constituido un grupo alto nivel en la Administración central, presidido por el ministro de Administraciones Públicas. Habrá también un comité asesor de empresarios y sindicatos.

Las estimaciones que maneja Administraciones Públicas indican que el coste para las empresas de atender los procedimientos públicos equivale al 4% del PIB, por lo que reducir en una cuarta parte esa carga ahorraría a las empresas más de 10.000 millones de euros (un 1% del PIB español). Pero todo esto son estimaciones. Para conocer qué procedimientos tienen que realizar las empresas y que coste les ocasiona, el Gobierno encargará, en colaboración con las cámaras de comercio, una encuesta sobre un millar de compañías.

Los resultados de la encuesta estarán listos en junio y el grupo de alto nivel tendrá que definir el plan antes de fin de año para negociarlo con representantes de las administraciones autonómica y local. Un plan que descansará, sobre todo, en el uso generalizado y eficaz de las nuevas tecnologías.