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Padres, sindicatos y partidos denuncian el decreto de admisión de alumnos por ilegal

La consejería retrasa el proceso de matriculación de infantil y primaria al 21 de mayo

El proceso de matriculación del próximo curso -que arrancará el 21 de mayo con retraso- se aventura como uno de los más complejos de los últimos años debido en buena parte al rechazo generalizado al decreto que regula la admisión de alumnos, aprobado por la Generalitat con el único aval de los 9 representantes del sector privado en el Consell Escolar Valencià. Las federaciones de padres, los sindicatos CC OO, STEPV y UGT y los partidos de oposición (PSPV, EU, Bloc y ERPV) denunciaron ayer que la normativa es "ilegal" porque "vulnera la LOE".

"El decreto de admisión es ilegal porque vulnera la Ley Orgánica de Educación (LOE) en varios artículos, discriminando la red pública en favor de la privada", coincidieron ayer los representantes de la quincena asociaciones y partidos que se concentrarán el próximo 5 mayo en la plaza del Ayuntamiento para decir: "No a los barracones del PP", remató Gemma Piqué, presidenta de la federación FAPA-Valencia.

En conferencia de prensa en la sede de la federación, Piqué denunció que la Consejería de Educación, en particular el responsable de la orden que regula el proceso de admisión -el director general de Enseñanza, Josep Vicent Felip- ha hecho caso omiso a las 60 enmiendas presentadas ante el Consell Escolar por los consejeros que representan a las asociaciones y sindicatos del sector público.

"En concreto, la LOE señala que para obtener plaza en los centros públicos, tendrán prioridad los alumnos procedentes de los colegios públicos adscritos donde se imparte el nivel inferior de infantil y primaria", precisa Luis García Trapiello de la ejecutiva de la federación de enseñanza de CC OO y autor de varias de las enmiendas.

Por el contrario, la Generalitat de Francisco Camps ha optado en la redacción del primer decreto valenciano que desarrolla la LOE por primar claramente la "continuidad" educativa en la red concertada (privada, pero sostenida con dinero público), mediante la fórmula de "adscribir de oficio" a los alumnos cuando lo solicite el titular de la empresa. "Con esto, la enseñanza concertada deja de ser una red complementaria a la pública para erigirse en una red diferenciada", remató Piqué, lo que supone una "vulneración de la LOE".

Pero el malestar de los usuarios no acabá ahí. Representantes de las 15 organizaciones que se concentrarán el sábado en Valencia presentaron ayer en público las líneas maestras del Manifiesto por una mejor y más calidad de la enseñanza. Un exhaustivo diagnóstico que denuncia el problema de masificación de las aulas públicas y la proliferación de aulas prefabricadas en todo el mapa valenciano debido, entre otras razones, al retraso en la ejecución del mapa escolar y los dos planes de construcciones CreaEscola prometidos por en las últimas tres legislaturas del PP al frente de la Generalitat.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 4 de mayo de 2007