El ex alcalde de Pego, primer cargo público que ingresa en prisión por delito ecológico

Carlos Pascual, alcalde de Pego (Alicante) entre 1995 y 2003, se convirtió ayer en el primer cargo público que entra en prisión por delito ecológico. Pascual ingresó en la cárcel de Picassent (Valencia) tras ser rechazado un recurso de súplica que presentó por motivos humanitarios. El ex alcalde está condenado a seis años por causar graves daños en el parque natural del marjal de Pego-Oliva entre 1996 y 1998, al promover la recuperación de cultivos prohibidos y subir el valor de las fincas particulares. El PP presenta a la esposa de Pascual, Maite Ferràndiz, como candidata a la alcaldía.

Carlos Pascual, inhabilitado para ocupar cargo público por un periodo de seis años y esposo de la candidata popular a la alcaldía de Pego, ingresó ayer voluntariamente antes de las ocho de la mañana en el centro penitenciario de Picassent después de que la sección tercera de la Audiencia de Alicante desestimara un recurso de súplica en el que alegaba motivos humanitarios y de salud para eludir la prisión.

Pascual, ex alcalde de Pego entre 1995 y 2003 primero como candidato de Unión Valenciana y luego como independiente, ha sido condenado por actuaciones realizadas entre 1996 y 1998. Años en los que quemó vegetación del marjal del municipio de forma intencionada, rebajó el nivel del agua del humedal, instaló bombas para extraer agua y construyó caminos y diques para facilitar el paso de vehículos. Todo ello basándose en un plan local declarado ilegal y sobre una zona del parque natural declarada de especial protección. A consecuencia de estas actuaciones, 600 hectáreas del parque quedaron afectadas, se registró una muerte masiva de peces, bajó notablemente el nivel del agua del marjal y se constató peligro de desecación.

La Audiencia Provincial de Alicante le condenó en 2004 a tres años de cárcel por delito ecológico, otros tres por desobediencia y quebrantamiento de medida cautelar, además de una multa de casi 8.000 euros y una indemnización de 1,2 millones de euros. Para el cumplimiento de esta última, se señaló como responsable civil subsidiario al Ayuntamiento y a la Comunidad de Regantes de Arrozales de Pego, cuyo presidente, José Orihuel, también fue juzgado y condenado en esta causa.

Según el fallo, Carlos Pascual y José Orihuel, pese a "conocer el carácter de parque natural y las medidas del Gobierno valenciano" acordaron realizar actuaciones para recuperar los cultivos de arroz, paralizados desde 1982 de modo generalizado y así "lograr mejores precios para las fincas particulares" ya que la Generalitat estaba comprando terrenos en el parque natural de Pego-Oliva.

La sentencia condenatoria de la Audiencia Provincial de Alicante fue recurrida al Tribunal Supremo, que acabó, en noviembre de 2006, por confirmarla. Para los distintos tribunales no cabe duda de la naturaleza ilícita de los hechos, del conocimiento de la ilegalidad que tenían ambos procesados y del agravante que suponía que lo hicieran dos funcionarios públicos, ya que José Orihuel, fue también concejal de Agricultura con Pascual.

La decisión de situar como cabeza de lista del PP a la alcaldía de Pego a Maite Ferràndiz, la esposa del condenado, ha contado con el respaldo pleno de la dirección provincial del partido en Alicante, que preside José Joaquín Ripoll, y no ha encontrado ningún obstáculo en la dirección regional que preside Francisco Camps. Y ello pese a que, con esta decisión, los populares sabían que el actual alcalde Carmelo Ortolá se iba a dar de baja del PP y amenazaba con liderar una candidatura independiente.

Sin embargo, los populares consideran que con Maite Ferràndiz de candidata se garantizan la obtención de un buen resultado electoral en este municipio, clave para seguir gobernando la Diputación de Alicante. El PP da por hecho que la esposa de Carlos Pascual obtendrá los votos de los seguidores del ex alcalde condenado, que gobernó Pego con mayoría absoluta entre 1999 y 2003.

El actual alcalde, Carmelo Ortolà, que se ha dado de baja del PP, manifestó que la creación de un gobierno local de coalición con el PSPV-PSOE y el Bloc Nacionalista Valencià en 2003 fue una decisión política "excepcional". El objetivo, al margen de las diferencias ideológicas entre estos tres partidos, era restaurar la normalidad política tras la etapa de gobierno de Carlos Pascual en la que se registraron "graves y reiterados incidentes, que resultaban intolerables en toda sociedad democrática y causuraon una inevitable alarma social". Ortolà advirtió que con Ferràndiz pueden volver los insultos y la confrontación al municipio.