Disculpas y perdones

Durante esta legislatura los dirigentes del PP han acusado al Gobierno de "traicionar a los muertos", de ocultar la verdad sobre el 11-M y de pactar con ETA el desguace del Estado de derecho, la entrega de Navarra y la ruptura de España. Pese a los tercos desmentidos de los hechos, los líderes populares jamás se retractaron de esas calumniosas imputaciones y menos aún pidieron excusas a los agraviados: ni siquiera el minucioso desmontaje de la teoría de la conspiración sobre la matanza de Atocha celebrado a la vista del público en la sala de juicios de la Audiencia Nacional ha conseguido que Rajoy corte por lo sano la campaña intoxicadora sobre el atentado alimentada por otros dirigentes de su partido. Sin embargo, estos profesionales de la difamación política no se recatan a la hora de considerarse humillados y ofendidos por ataques injustos y de exigir a sus agresores la petición pública de perdón.

Esa doble vara de medir tiene una aplicación preferente en el campo de la libertad de expresión. La sumisión abyecta a los chantajes del diario El Mundo y de la radio de los obispos para que secunde la teoría de la conspiración o la defensa de la piscina mallorquina de Ramírez contrasta con la huelga de bocas cerradas de los cargos públicos del PP y su boicot económico (la presión sobre los "accionistas, anunciantes y clientes") a los medios de comunicación del Grupo PRISA hasta que Jesús de Polanco "rectifique pública e inequívocamente" sus temores -expresados en una Junta de Accionistas de la compañía que preside- ante la inquietante deriva de algunos dirigentes populares hacia la demagogia, la intolerancia y el revanchismo. La costumbre del PP de reclamar al prójimo la autocrítica y dictarle previamente sus contenidos, al estilo de los confesores tridentinos y de los comisarios estalinianos, se extiende también a muchos otros terrenos. Así, Acebes exigió la semana pasada "excusas públicas al PSOE" a cuenta de las sospechas suscitadas por el millar de copias de los formularios oficiales para iniciar en las oficinas postales el trámite del voto por correo que Javier Lance, gerente del PP de Melilla, encargó a una imprenta de dudosa reputación.

El garrote penitencial empleado por el secretario general de los populares para obligar a los socialistas a solicitar públicamente perdón al PP es el auto dictado por una juez de Melilla -contra el criterio de la fiscalía- para sobreseer la causa por un presunto delito de falsedad en relación con un posible fraude electoral imputado a Javier Lance. Pero esa decisión -recurrible ante instancias superiores que pueden ordenar la reapertura de las diligencias- no disipa las sospechas extraprocesales acerca de la existencia de una eventual trama organizada para la manipulación del voto por correo de personas censadas (religiosos de clausura, enfermos, ancianos, presos, viajeros, residentes en el extranjero, abstencionistas) dispuestas a delegar e incluso a vender su derecho de sufragio a un partido.

Repasemos la historia. La Delegación del Gobierno en Melilla rechazó el 2 de abril una petición de 2.000 ejemplares del formulario oficial cursada cuatro días antes por Javier Lance: su argumento fue que el artículo 72 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) "considera el voto por correo una opción personalísima de los titulares del sufragio activo que lo solicitan". Inasequible al desaliento, el gerente del PP encargó entonces a una imprenta una tirada de 1.000 copias del formulario oficial para el voto por correo "exactamente igual" (incluido el autocopiativo en papel amarillo) que el modelo original. Después, Javier Lance ordenó la destrucción del trabajo terminado -no habría tiempo para hacerlo- pocas horas antes de que la Guardia Civil registrase la imprenta por orden judicial en busca de etiquetas de alimentos, envases de detergentes y sellos aduaneros falsificados. ¿No huele el relato a puchero enfermo? La justificación dada por Acebes a ese extraño comportamiento fue estrambótica: sostuvo que los formularios oficiales para el voto por correo se pueden descargar de Internet y la Junta Electoral Central se vio obligada a negar tamaña ocurrencia. ¿No estaría obligado Ángel Acebes, en su doble condición de ex ministro de Justicia y de Interior, a reconocer al menos su monumental equivocación aunque fuese sin pedir disculpas o perdón por su fantástica metedura de pata?