25 familiares de los imputados de Armilla serán inspeccionados

Un total de 25 familiares de los imputados en el caso del centro comercial Parque Nevada de Armilla (Granada) serán investigados por Hacienda y la Seguridad Social a petición del juez encargado del caso, Miguel Ángel del Arco, que quiere conocer sus situaciones contractuales y económicas. Horas antes de esta petición, Del Arco dictó un auto en el que paralizó las obras y censuró con extrema contundencia la gestión del alcalde, José Antonio Morales (PSOE), su ex concejal de Urbanismo y vicepresidente de la Diputación de Granada, Gabriel Cañavate, y el promotor Tomás Olivo.

Según adelantó el diario Ideal, de Granada, el juez ha dictado una providencia en la que reclama a la administración tributaria que facilite de manera urgente a la Guardia Civil toda esta información, así como los datos de diferentes operaciones financieras, de cuentas corrientes personales y "toda la información que conste en los expedientes fiscales" de los últimos cinco años.

La familia más afectada por la investigación será la de Gabriel Cañavate, que verá cómo hasta cinco de sus miembros son investigados. También se verán afectados algunos familiares de Tomás Olivo, promotor del centro comercial Parque Nevada, y de José Antonio Morales.

"Indicios de delitos"

Esta decisión se produjo sólo unas horas después de hacerse público el auto por el que el juez paralizaba de manera total las obras del centro comercial, al encontrar indicios "clamorosos" de delito. En el auto, el juez no dudaba en afirmar que "desde su comienzo, son clamorosos los indicios de delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio. No han funcionado lo más mínimo, ni han existido, los controles directos ante una obra realizada a vista, ciencia y apariencia", criticaba.

Una paralización anterior de la obra limitaba las actuaciones en el edificio para garantizar su seguridad. Con todo, la construcción del centro comercial parecía seguir, sin que nadie la frenara. Cansado de esta situación, en la que a juicio del juez los promotores trataban de avanzar en la obra para que pesasen los hechos consumados, Del Arco ha prohibido cualquier actuación.

En opinión de Antonio Ayllón, secretario provincial de Partido Popular en Granada, la paralización de las obras "ha llegado tarde", a la vez que acusó al alcalde de Armilla y a su ex concejal de Urbanismo de haber "creado un monstruo de corrupción en plena Vega de Granada".

Por su parte, el Ayuntamiento de Armilla consideró que la decisión de la paralización total de las obras facilitará que se pueda "aclarar" toda la situación administrativa, y supondrá un ahorro para el Ayuntamiento, ya que en el caso remoto de que se demostrara que la edificación es legal las indemnizaciones no tendría que afrontarlas el Consistorio, sino la Junta.