San Miguel de Salinas aprueba un convenio para urbanizar pese a los informes de los técnicos

El Ayuntamiento de San Miguel de Salinas, gobernado por el PP, ha autorizado un convenio urbanístico con la mercantil Villamartín para urbanizar el sector denominado Entrenaranjos. El proyecto contempla urbanizar un total de medio millón de metros cuadrados de suelo rústico, ubicados al sur del término del municipio. Sin embargo, el proyecto se ejecutaría, pese a los informes en contra de los técnicos municipales, en concreto del asesor de Urbanismo y el secretario-interventor de la corporación.

Los funcionarios mantienen que el mencionado plan parcial y su correspondiente recalificación está incluida en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), documento pendiente de su aprobación definitiva. El acuerdo recoge que el promotor anticipa 3 millones de euros al Ayuntamiento a cambio del 10% de cesión obligatoria de suelo en el supuesto del hipotético plan.

Los vecinos ya han puesto el grito en el cielo y han criticado el plan. La asociación de vecinos San Miguel Arcángel sostiene que con el convenio "la alcaldía pretende dotarse de un anticipo de dinero para cumplir sus compromisos electorales", precisa en un comunicado de la entidad vecinal. Entre esos compromisos, los vecinos destacan la conducción de agua potable para una urbanización de 3.000 viviendas ya ejecutada (Blue Lagoon) y otra que la promotora Villamartín levanta en el plan parcial La Balsa, con 750 viviendas.

La primera, ha sido objeto de una queja de los vecinos al Comité de Peticiones del Parlamento Europeo porque, a su juicio, el agua de la que se abastece la urbanización está contaminada. "Causa sonrojo y vergüenza que se utilice como coartada la necesidad de agua potable para la urbanización Blue Lagoon para beneficiar por partida doble a un promotor que impone unas condiciones tan leoninas al Consistorio bajo el argumento de especular con la necesidad ajena", recoge la nota de la asociación de vecinos.

La Asociación de Vecinos resalta la "escasa moralidad del equipo de gobierno que es capaz de votar a favor de un asunto, que cuenta con los informes desfavorables de los técnicos". El colectivo asegura que trasladará el acuerdo del pleno, celebrado el pasado jueves, a la Fiscalía Anticorrupción de Alicante por si aprecia indicios de presuntos delitos tipificados en el Código Penal.