El PP bloqueará casos de corrupción al hacer parlamentarios a dos imputados

La inclusión en las candidaturas del PP para las Cortes valencianas en puestos de salida de dos imputados en casos de corrupción, los actuales alcaldes de Alicante y de Torrevieja, Luis Díaz Alperi y Pedro Hernández Mateo, bloqueará las investigaciones en curso ya que su condición de aforados obligará a trasladar los sumarios al Tribunal Superio de Justicia. La complejidad de los casos supondrá, de hecho, un retraso de consideración en la instrucción de los procedimientos en los que se ven inmersos, relativos a posibles delitos de prevaricación y tráfico de influencias.

El acta de diputado es más que la representación autonómica. Con ella se obtiene la condición de aforado. Y esa situación afecta procesalmente y no de manera residual. Los aforados tienen que ser juzgados por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ). El PP ha colocado en su lista autonómica por Alicante a dos responsables políticos implicados en casos de relevancia y con una complicación importante en su instrucción: Luis Días Alperi y Pedro Hernández Mateo. El primero va como número cuatro; el hasta ahora alcalde de Torrevieja, en el puesto número 13. Si el PP repitiera resultados en la provincia de Alicante, o no sufriera en el número de votos una lesión significativa, ambos pasarían a ocupar sillón en las Cortes valencianas. Los asuntos judiciales en los que están imputados pasarían a la sala de Lo Civil y Penal del TSJ. La obligada inhibición de los juzgados de instrucción haría que el nuevo tribunal tuviera que dedicar un tiempo considerable a conocer los detalles de causas voluminosas. Fuentes jurídicas consultadas entienden además que la inhibición difícilmente podría ser rechazada dado que las investigaciones han prosperado lo suficiente como para que el TSJ admita la condición de imputados. Así las cosas, los asuntos se retrasarían notablemente y sus implicados tendrían, cuando menos, un tiempo mayor hasta el momento de enfrentarse a un juicio.

Los asuntos en los que están ambos implicados no son menores. Luis Díaz Alperi, alcalde de Alicante, está doblemente imputado: por el supuesto desfalco de seis millones de euros en la firma Mercalicante y por un presunto trato de favor a un contratista en la adjudicación de tres aparcamientos en la ciudad. Los delitos son complejos, las diligencias practicadas numerosas, los indicios muchos, la obtención de pruebas difícil por la complejidad de esa actividad delictiva, pero quienes dirigen la instrucción y mantienen las acusaciones públicas ya conocen los detalles.

Hernández Mateo está imputado por tráfico de influencias y uso privilegiado de información derivados de la compraventa de una finca que le reportó una plusvalía de 5,2 millones de euros. Ambos procedimientos se verán seriamente afectados en los tiempos de tramitación sólo por el hecho de que estos dos políticos imputados se conviertan en parlamentarios. Y el PP lo sabe.

En el terreno de las hipótesis, otro de los casos que se baraja es el de Gema Amor, consejera de Cooperación y candidata en los puestos de cabeza de la lista de Alicante. Aunque no está en este momento imputada, Gema Amor fue responsable de la Sociedad Parque Temático de Alicante (ahora Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana), empresa sobre la que hay abierta una investigación en Alicante por la trama de facturas falsas en Terra Mítica. Hay otros incluidos en listas del PP que están imputados, como el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra. Pero al no optar a la plaza de diputado, las causas seguirán su curso, como hasta ahora.