Los expertos avalan paralizar la construcción en la franja costera

La suspensión de los desarrollos urbanísticos a 500 metros de la costa es una medida no sólo conveniente, sino indispensable, siempre y cuando se haga "de forma competente". Es la opinión de los arquitectos y responsables de urbanismo de Cataluña, Asturias y Menorca, que debatieron ayer en Santiago sobre la planificación del litoral, convocados por el Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia.

La prohibición de desarrollar suelo urbano a menos de 500 metros del mar en Galicia, que figura en la Ley de Medidas Urgentes de Protección del Litoral, fue el telón de fondo de la jornada organizada por los arquitectos gallegos. En ella intervinieron el director general de Urbanismo de la Generalitat, Joan Llort, el responsable del Plan de Ordenación del Litoral de Asturias (POLA); el arquitecto Ramón Rañadas, y el del Plan Territorial Insular de Menorca, el arquitecto y sociólogo José María Ezquiaga.

Los tres hablaron de sus experiencias en tres territorios donde se adoptaron medidas similares a la ahora emprendida por la Xunta en la franja costera, como es el caso de Asturias y Cataluña, o de un plan que, como el de Menorca, desclasificó 20.000 viviendas previstas en suelos que pasaron a convertirse en rústico de protección. La mesa redonda que siguió a sus exposiciones giró en torno a la ley de medidas urgentes de Galicia, para la que reclamaron consenso social y político.

Rañadas rompió el hielo: "Yo no tendría miedo a una suspensión, siempre que sea de forma competente". Su opinión fue suscrita por los otros dos ponentes. Joan Llort puso el acento en la necesidad de lograr una "aceptación tácita" de los ciudadanos respecto a este tipo de medidas, para lo que destacó el papel de los medios de comunicación y su creciente sensibilidad medioambiental, mientras que Ezquiaga agregó la necesidad de que este tipo de medidas cautelares no se prolonguen excesivamente.

El factor tiempo es fundamental, concluyeron los ponentes. En primer lugar, para adoptar la suspensión sin previo aviso, de forma que se eviten movimientos especulativos. Y en segundo, con una tramitación rápida que devuelva sus derechos a los propietarios en el más corto período de tiempo posible. En el caso de Galicia, el límite legal será de dos años desde que entre en vigor la ley, el mes próximo, aunque se derogará en cuanto entre en vigor el Plan de Protección del Litoral.

En Cataluña, la Generalitat se vio "sorprendida por la aceptación tácita" de la suspensión, que se produjo "como el regreso de las tropas de Irak: por sorpresa y de golpe", en palabras de José María Ezquiaga. Así, los ciudadanos comprobaron después que el plan definitivo fue "menos grave de lo que se podía imaginar". En Menorca ocurrió algo similar. Se suspendieron cautelarmente tantos suelos que el plan litoral posterior sólo pudo ser visto con buenos ojos. "Los propietarios comprobaron que no podía ser peor", bromeó el director del plan insular. Llort consideró el momento apropiado para adoptar una medida como la aprobada por la Xunta.