Touriño proclama que "se acabó la historia de ser constructor y alcalde"

"Desde la presidencia del Gobierno y desde la mayoría parlamentaria de progreso, les garantizo que se acabó la historia de conciliar el ser constructor y ser alcalde. Con todo el respeto a los constructores, pero no queremos alcaldes contructores. Con el cambio y la renovación, eso es historia", proclamó ayer en el Parlamento el presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, en referencia a la decisión del PP de permitir a los alcaldes que consiga en las próximas elecciones municipales compatibilizar el cargo con actividades relacionadas con el sector del ladrillo.

La declaración del presidente se produjo después de que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, aludiese en la Cámara a la incongruencia que supone criticar la figura de los alcaldes constructores en las filas populares y presentar a uno de ellos en la candidatura socialista por el municipio de Bande.

"Este Gobierno", aseguró Touriño a Feijóo, y "las fuerzas políticas que lo sustentan, acaban de expresar en voz alta un compromiso. Basta que usted se sume. No habrá en ningún caso ningún alcalde que sea promotor inmobiliario. Ni ahora ni después", prometió.

El presidente gallego, en respuesta a una pregunta parlamentaria del portavoz de su grupo, el socialista Ismael Rego, añadió más tarde que "en la política y el urbanismo no todo vale. La liberalización del suelo lleva a convertir la vivienda en inaccesible, a la especulación y a la destrucción del territorio. Por eso impulsamos un pacto por el territorio, lo que significa dejar a un lado el todo vale".

La Xunta, explicó, quiere hacer realidad ese proyecto en colaboración con los municipios y por eso ha previsto ayudas y mecanismos para que los ayuntamientos puedan adaptar sus respectivos planeamientos. En estos momentos ya hay 40 millones a disposición municipal para este fin. Los 196 ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes no tendrán que pagar nada, los 97 de entre 5.000 y 20.000 habitantes sólo deberán abonar el 10% y los de entre 20.000 y 50.000 habitantes apenas el 20%.

Es un compromiso transparente para apoyar a los ayuntamientos, que además tendrán a partir de ahora "acceso gratuito" a la documentación cartográfica que necesitan para hacer realidad su planeamiento.

La prioridad, añadió Touriño, sigue siendo "el cumplimiento de la legalidad, en materia urbanística tanto como en cualquier tema. Su objetivo es hacerlo en colaboración con los municipios y de todas las fuerzas políticas. "El que quiera quedarse fuera", concluyó en referencia al PP, "tendrá que explicarlo".

La ley del litoral volvió poco después de nuevo al pleno cuando el PP ofreció retirar una iniciativa en la que proponían compensaciones para los municipios afectados por esta norma si el Gobierno aceptaba posponer hasta después de las elecciones el debate y aprobación de las normas urgentes de protección de la costa.

Socialistas y nacionalistas no sólo rechazaron la propuesta del PP si no que negaron que la futura ley vaya a tener efectos negativos sobre los municipios sin planeamiento en los que, provisionalmente, no será posible construir en la franja de 500 metros más próxima al mar.

El portavoz del PP, Manuel Ruiz Rivas, acusó a PSdeG y BNG de insistir en la criminalización de los municipios y aseguró que los socialistas han "hecho bandera" de este asunto después de los casos de Marbella, Ciempozuelos y Cabana de Bergantiños. "De ahí a echar basura por todos lados", cuando el caso más parecido a Marbella, aseguró, es el de Foz, gobernado por el PSdeG.

Ruiz Rivas volvió a acusar a Touriño de falta de legitimidad para prohibir la construcción en la costa porque el año pasado veraneó en una casa cercana al mar y distribuyó una fotografía de la vivienda.