"La base policial de ADN facilitará identificar a sospechosos en delitos graves"

Benito de la Cruz Reverón (Santa Cruz de Tenerife, 1963) es profesor de Derecho Procesal la Universidad de La Laguna y centra sus investigaciones en la utilización de muestras genéticas en procesos penales. Ayer dio a conocer ayer en Sarriko, en las Jornadas sobre Derecho y Genoma Humano, el proyecto de ley que se aprobará en el Congreso para crear una base policial de identificadores de ADN.

Pregunta. ¿Cómo está regulado legalmente el uso de muestras de ADN?

Respuesta. Aunque sea una práctica habitual, en España contamos con una regulación mínima: dos nuevos párrafos, desde 2003, en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que apenas determinan quién puede ordenar una prueba -sólo los jueces- y a qué sujetos se les puede exigir. Deja sin regular cómo afecta la investigación a derechos fundamentales como la intimidad.

"El proyecto de ley es un paso, pero es insuficiente. Sigue sin prever las consecuencias legales de negarse a una prueba"

P. ¿Cómo se resuelven estos conflictos?

R. El proyecto de ley que se debate en el Congreso explica que no hay vulneración del derecho a la intimidad porque se analiza el ADN no codificado, un tipo de material genético que no da otras informaciones, como enfermedades. Pero la ciencia avanza tanto que en el futuro igual se puede extraer más información. Dependiendo del lugar que se quiera inspeccionar, la prueba puede chocar con el derecho a la intimidad personal. No afecta en cambio a la integridad física porque los métodos de obtención -saliva, cabello, sangre...- no suponen un trato inhumano.

P. ¿Cómo afecta a la presunción de inocencia?

R. No someterse a la prueba podría ser un indicio de culpabilidad, pero esto podría chocar con el derecho a no confesarse culpable: el presunto autor estaría facilitando la prueba esencial de su culpabilidad. No obstante, el Tribunal Constitucional lo cuestiona, porque en realidad no lo hace de manera activa como cuando se realiza una confesión. El problema es que no está previsto qué hacer si el sospechoso se niega a someterse a la prueba. Por ahora se observa la legislación en otros ámbitos: en las pruebas de paternidad la negativa puede entenderse como un indicio de culpabilidad, y en la carretera quien se niega a someterse a la prueba de alcoholemia puede incurrir en un delito de desobediencia.

P. ¿En qué delitos se pueden emplear estas técnicas?

R. Tienen que ser delitos graves que dejen muestras biológicas y en los que la prueba sea necesaria. Los casos de violencia sexual son los más típicos, y cabría emplearla en casos de violencia contra las mujeres, aunque todavía no se hace. También se ha utilizado en la investigación del 11-M para identificar a presuntos autores y despejar dudas sobre la autoría de los atentados.

P. ¿Para qué servirá la base policial de identificadores?

R. El proyecto de ley regula el almacenamiento de pruebas, que facilitará las investigaciones criminales. Contendrá datos de imputados, sospechosos y condenados, que se contrastarán con las muestras biológicas halladas en el lugar del delito y facilitará así identificar sospechosos de delitos graves. No es un banco de muestras, sino un fichero. Al igual que la huella dactilar, la única información que se extrae de la huella genética es la identidad.

P. ¿Habrá también un fichero de víctimas?

R. No. Posiblemente, aunque la ley no lo especifique, se incluirán muestras de quienes se encuentren en el lugar del crimen -víctimas y terceras personas- cuando no se haya identificado a sospechosos.

P. ¿Esta ley será suficiente para completar la legislación?

R. Es un paso, pero insuficiente. Sigue sin prever las consecuencias legales de negarse a una prueba.