El Congreso pide un informe para cambiar el voto emigrante antes de 2008

El Gobierno recibió ayer el mandato del Congreso de los Diputados de elaborar un informe que favorezca los "consensos necesarios" para abordar una reforma antes de las elecciones generales que garantice el "voto secreto" de los emigrantes. En una moción aprobada por unanimidad, el Parlamento reclama que se regulen las campañas y se fiscalice el gasto de los partidos en el extranjero y que los electores en el exterior cuenten a la hora de repartir los escaños entre las comunidades autónomas. El BNG considera que con esta fórmula Galicia contaría con 4 diputados más en el Congreso.

Con diferentes grados de entusiasmo todos los grupos políticos reconocieron ayer en el Congreso las deficiencias del voto emigrante y se comprometieron a subsanarlas en cuanto la Cámara alcance el "consenso necesario". A raíz de la moción pactada ayer por la diputada del BNG, Olaia Fernández Dávila y el grupo socialista, el Parlamento -con el apoyo unánime de todos los partidos- insta al Gobierno a presentar cuanto antes un informe que promueva el acuerdo para poder reformar la Ley Orgánica del Regimen Electoral General a fin de que entre en vigor antes de las próximas elecciones generales previstas en principio para marzo de 2008.

El Congreso demanda al Gobierno que concrete un "mecanismo de votación adecuado que garantice mediante el voto en urna o cualquier medio el voto secreto y la identidad de los votantes españoles incluidos en el Censo de Españoles Residentes Ausentes (CERA)". El mandato del Parlamento estatal reclama además una "regulación específica" de las campañas electorales en el exterior y una "fiscalización adecuada" del gasto realizado por los partidos. Por último reivindica que el sufragio exterior compute a la hora de repartir el número de diputados y senadores que corresponden a cada comunidad autónoma.

Esta última medida supondría -según cálculos del Bloque- que Galicia podría contar en el futuro con cuatro diputados más (uno por provincia) en el Congreso de los Diputados, fruto de un nuevo reparto de escaños que sí tuviese en cuenta los 320.000 electores emigrantes con los que cuenta la comunidad.

El acuerdo alcanzado ayer no obliga, sin embargo, al Gobierno a garantizar el voto en urna en la emigración, tal y como pedían los nacionalistas gallegos en su moción inicial, y deja abierta la posibilidad de introducir otros sistemas técnicos que garanticen el sufragio secreto. En su exposición inicial, Olaia Fernández Dávila reiteró sus denuncias sobre las irregularidades que se suceden elección tras elección con las papeletas que llegan del extranjero. Casi todos los portavoces, salvo el diputado popular, José Antonio Bermúdez de Castro, coincidieron en el análisis. El parlamentario del PP, en cambio, reprochó a Dávila su costumbre de "sembrar dudas sin pruebas" sobre el voto emigrante cada vez que se acercan unos comicios. Pese a todo, anunció su voto a favor para que el sufragio de los residentes ausentes cuente con las máximas garantías.

En el transcurso del debate en la Cámara Baja, sólo el portavoz de Convergencia i Unió, Jordi Xuclá, apuntó la necesidad de reflexionar sobre una posible limitación en el futuro del derecho a votar de los emigrantes en algunos comicios. Xuclá auguró que con la modificacion del Código Civil que otorgará la nacionalidad española a los nietos de emigrantes se duplicará el número de inscritos en el CERA, que superará los dos millónes de personas. "Algún día esta situación deberá ser objeto de reflexión y respuesta por parte de la ley electoral", concluyó el diputado catalán. Fue la única referencia a la idea esbozada la pasada semana por el secretario de organización del PSOE, José Blanco.

"Cumplir la ley"

Mientras los representantes estatales de este partido se muestra abiertos al menos a estudiar la limitación del sufragio exterior, las consellerías socialistas de la Xunta siguen defendiendo el derecho de los emigrantes a votar en todas las convocatorias.

Todavía ayer, el secretario general de Emigración del Gobierno gallego, el socialista Manuel Luis Rodríguez, recordó a los partidos que el Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior aprobada por unanimidad en el Congreso de los Diputados ampara su voto en todas las elecciones. Rodríguez pidió coherencia a las formaciones políticas y les advirtió de que ahora toca "aplicar la ley". El responsable de Emigración de la Xunta defendió ese estatuto por ser la segunda norma en rango para los emigrantes después de la Constitución y se mostró de acuerdo con las palabras del presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, quien este fin de semana defendió el voto emigrante en todas las elecciones.