Calp desoye al TSJ y modifica el proyecto de un polígono industrial

El Ayuntamiento de Calp, gobernado por Javier Morató, del PP, ha sacado a exposición pública un nuevo proyecto de urbanización del polígono industrial Pou Roig, paralizado desde hace 10 años. Y lo ha hecho desoyendo una sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del año 2002 contra el Consistorio en la que el alto tribunal indica que el proyecto que debe ejecutarse es otro distinto del que ahora se presenta. El promotor del polígono es el mismo empresario, amigo del alcalde, que promueve un hotel a seis metros del mar, ilegal según el Ministerio de Medio Ambiente.

El nuevo proyecto, que no ha pasado el trámite de concurso público, "corrige sin aportar ninguna justificación el trazado inicial al que obligó la sentencia del TSJ", según indican técnicos del Ayuntamiento de Calp. En concreto, han señalado que "hay viales desplazados del original, así como diversas consideraciones que no se contemplaban en el anterior y que han sido dictadas desde la concejalía de Urbanismo".

Estos viales podrían estar modificados por la homologación del Plan General de 1998, por lo que sería necesario cambiar el Plan General de Ordenación Urbana, y requeriría ser aprobado por la Comisión Territorial de Urbanismo, pasos que los técnicos del Ayuntamiento reconocen que no se ha efectuado.

Los técnicos, que esperan poder revisar minuciosamente el proyecto una vez pase el trámite de exposición pública para poder presentar alegaciones en su informe, temen que "exista una barrera visual que rodee el polígono y que impida ver el Peñón de Ifach", una de las causas por las que el TSJ desestimó la propuesta del alcalde en 2002.

La empresa encargada de promover el polígono industrial es Ifach Mar SL y Cala Ifach, ambas propiedad de Manuel Ferrando, amigo del alcalde y responsable también de las obras del polémico hotel de La Fossa que se está construyendo a seis metros del mar con ciertas irregularidades en el expediente, ya que tiene caducada la autorización de la Consejería de Infraestructuras y Transportes, y cuenta con el informe desfavorable del Ministerio de Medio Ambiente. Además está en clara contradicción con las propias normas urbanísticas del Plan General municipal, que impiden la concesión de una licencia de obra para hotel sin haber obtenido previamente la licencia de actividad.

El alcalde de Calp, Javier Morató, aprobó el pasado diciembre la licencia de obras a Ferrando para que iniciara la construcción de este polémico hotel, pese a que la autorización de la Dirección General de Puertos y Costas había caducado siete meses antes, en el mes de mayo, y contando con el informe preceptivo y de carácter vinculante, del Ministerio de Medio Ambiente alertando de que se estaba utilizando el dominio público marítimo terrestre y desaconsejando, por ello, las obras.

La polémica del polígono arranca hace diez años con la adjudicación del proyecto a una empresa escogida por el alcalde, recién constituida y que sólo disponía de 3.000 euros de capital social. Tras conocerse esta noticia, los propietarios del suelo en el que iba a ubicarse el polígono recurrieron en el juzgado la decisión municipal amparándose en la extinta LRAU, ley que regulaba el uso del suelo. Los propietarios presentaron un nuevo proyecto que, finalmente, el TSJ validó. Los propietarios denunciaban que el alcalde "había adjudicado a una empresa fantasma el proyecto sin acreditar solvencia técnica ni financiera".

Fue en ese momento cuando inesperadamente, Manuel Ferrando resolvió la situación al comprar los derechos de adjudicación de las obras a la empresa apoyada por el alcalde, y pagó a los propietarios que interpusieron la demanda contra el Ayuntamiento por quedarse con el proyecto del polígono y con la mitad del suelo en el que está previsto que se ubique esta instalación industrial. Sin embargo, no ejecutaron las obras hasta ahora, cuando el alcalde y Ferrando vuelven a retomar el impulso del polígono sin respetar la sentencia dictada por el TSJ de mantener el proyecto presentado por los viejos propietarios del suelo.

El PSPV de Calp lleva años denunciando "las maniobras dilatorias y de distracción del alcalde para no ejecutar el polígono industrial". La oposición exige al equipo de gobierno que "exima del pago de los gastos generados por los diversos procesos judiciales" a los propietarios del restante 50% de suelo industrial, que han tenido que recurrir a los tribunales "por una decisión errónea del alcalde a la hora de adjudicar las obras".

Este periódico intentó sin éxito ampliar la información en el Ayuntamiento de Calp.