Una comisión de la Junta visará los crecimientos urbanos

Una comisión a la que pertenece un representante de cada una de las consejerías de la Junta de Andalucía examinará todos los planes de ordenación urbana de aquellos municipios que planteen un incremento de viviendas de más del 25% para determinar si son asumibles y a fin de que la Administración autonómica programe las dotaciones de equipamientos que dichos crecimientos requieren (colegios, centros de salud, de asistencia social, infraestructura de transportes, etcétera).

La pretensión es que los planes se ejecuten una vez que existan los equipamientos que la población necesita, y no al revés, como sucede hasta ahora.

La Comisión Interdepartamental de Valoración Territorial y Urbanística se constituyó el pasado miércoles día 18 y a partir de ahora se reunirá al menos una vez al mes. La consejera de Obras Públicas, Concha Gutiérrez del Castillo, que presidió esta sesión constituyente explica que se trata de "programar los crecimientos", porque los nuevos desarrollos plantean una serie de obligaciones a la administración autonómica en forma de inversiones y actuaciones y hay que asegurar que éstas se incluyen en los planes de las distintas consejerías en el ámbito de sus respectivas competencias, de forma que "no se proceda a la edificación de las viviendas hasta que haya garantías de la ejecución de los equipamientos y las infraestructuras".

Esto es, la comisión, a la vista de la planificación urbanística diseñada por los municipios, identificará qué servicios públicos serán necesarios en las nuevas áreas de expansión urbana en los próximos años y procurará que las distintas consejerías los programen y presupuesten, comunicando a los municipios cuando se ejecutarán para que éstos lo tengan en cuenta en el calendario de ejecución de las nuevas construcciones.

En la comisión hay un representante, con rango al menos de director general, de cada uno de los departamentos del Gobierno andaluz, además de sendos representantes de las agencias andaluzas de Energía y de Aguas, porque entre los servicios que hay que garantizar están también los suministros de luz, agua o telecomunicaciones. La Consejería de Obras Públicas tiene tres representantes, la propia consejera, y el secretario general de Ordenación del Territorio y la directora general de Urbanismo.

Según la consejera, el objetivo último que se persigue con esta forma de proceder es que las ciudades no pierdan calidad. "El reto de la segunda modernización es que en los próximos ocho años se garanticen los equipamientos y las infraestructuras necesarios para un 30% más de población de la que tenemos ahora", explica.

La Comisión Interdepartamental de Valoración Territorial y Urbanística es un nuevo organismo creado en el decreto 220/2006 de 19 de diciembre que regula el ejercicio de las competencias autonómicas de ordenación del territorio. Su función principal es la de "emitir su valoración sobre la suficiencia de las infraestructuras, servicios y equipamientos previstos para garantizar la ordenación propuesta, sus condiciones de desarrollo y financiación y, en su caso, las previsiones de inversión pública disponible".

Según este decreto, la comisión tendrá que pronunciarse sobre todos aquellos planes que planteen para usos residenciales nuevos suelos que signifiquen un incremento del 30% de la superficie urbana ya existente, o un incremento del 25% en el número de viviendas. También determinará sobre las propuestas de nuevos asentamientos o urbanizaciones no contiguas a los núcleos urbanos existentes y las de dotaciones de interés supramunicipal no contempladas específicamente en la planificación sectorial como puertos, aeropuertos, carreteras, centros universitarios y hospitalarios, grandes establecimientos comerciales o deportivos y centros logísticos o de servicios.