El juez archiva la querella contra Tarazona por el plan de Porxinos

El titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Llíria comunicó ayer su decisión de archivar provisionalmente la querella de dos concejales socialistas de Riba-roja contra el alcalde del municipio, Francisco Tarazona, del PP, y dos sobrinos suyos que son ediles en el consistorio, Cristina Vázquez y José Vicente Tarazona, por irregularidades respecto del PAI de Porxinos. Tarazona anunció ayer una querella por injurias, calumnias y denuncia falsa contra los dos socialistas.

Tarazona tiene abierta una causa por cohecho tras denunciarle un empresario

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) confirmó ayer el archivo provisional de la querella por supuestos delitos de prevaricación, malversación, utilización de información privilegiada, tráfico de influencias y contra la ordenación del territorio en relación con la aprobación del PAI de Porxinos, en el que se ubicará la ciudad deportiva del Valencia. La querella de los socialistas pedía que se investigara un posible beneficio de la familia Tarazona al poseer parcelas ubicadas en la superficie incluida en dicho PAI. Según informó el TSJ, el magistrado ha concluido que "no constan informes desfavorables de los servicios jurídicos y técnicos del Ayuntamiento que sustenten la injusticia de la resolución municipal adoptada y que autoriza el proyecto en un PAI que no estaba aprobado de forma definitiva". Ninguna de las partes disponía ayer del auto, por lo que se desconocen los fundamentos jurídicos que sustentan la decisión del juez.

Los dos ediles socialistas que denunciaron a Tarazona y sus sobrinos, alertaron también sobre la posible irregularidad cometida por estos al haber votado en el pleno que aprobó el PAI de Porxinos teniendo intereses particulares en él. El juez, en cambio, entiende que "no existe tal situación porque las parcelas correspondían a un suelo no afectado por Porxinos".

El magistrado considera, siempre según las mismas fuentes, que dadas las circunstancias "no se da en este caso la presunta malversación de caudales, ya que sería necesaria la utilización de caudales públicos para fines privados y se ha demostrado que los beneficios de la operación se invierten en el propio Ayuntamiento".

Joan Ignasi Pla, secretario general del PSPV, afirmó al conocer la decisión judicial que esta respondería a que el juez "no ve indicios racionales de criminalidad". Pla indicó que le parecía "perfecto" la decisión adoptada y añadió: "Hay que respetar las decisiones judiciales".

El abogado de los dos concejales socialistas afirmó, "con la prudencia necesaria al no conocer en este momento los detalles de la decisión judicial", que recurrirá el fallo.

Francisco Tarazona, por su parte, convocó una conferencia de prensa en la que compareció acompañado de sus dos sobrinos y del presidente provincial del PP de Valencia, Alfonso Rus. La respuesta de los populares a la decisión judicial fue anunciar una querella contra los dos ediles socialistas que llevaron a la fiscalía las supuestas irregularidades ahora archivadas, por calumnias, injurias y denuncia falsa. Rus aprovechó la ocasión para criticar al PSPV. Según él, "queda de manifiesto que eso que tantas veces repite Zapatero de campaña limpia no es nada, todos los días van a los juzgados, sobre todo allí donde ya saben que no van a ganar". El presidente provincial del PP repitió a lo largo de su intervención que tienen que "poner orden". Y añadió: "A esas personas hay que escarmentarlas. Parece que todos seamos Julián Muñoz. Que lo paguen. Han estado ocho meses difamando. Si no saben ser políticos que se vayan". El abogado de los socialistas no quiso responder a esas manifestaciones y se limitó a decir: "Que hagan lo que consideren".

Tarazona se limitó a decir que con el archivo provisional de la causa se cumplía lo que él había dicho desde el primer día. Aseguró sentirse tranquilo y contar con el apoyo de los ciudadanos y del partido. El alcalde de Riba-roja tiene aún en los juzgados de Llíria una causa abierta por una denuncia presentada por un empresario que asegura haber tenido que pagar, bajo la fórmula de la donación, para que sus proyectos fueran aprobados. Y que en el momento que dejó de hacerlo, ninguno ha sido estimado por la alcaldía. El empresario pagó hace cinco años 120.000 euros como donación. El juzgado investiga si ese dinero está en relación o no con decisiones urbanísticas.